ENTREVISTA A LA DRA SILVINA MANES

“La coordinación entre la jurisdicción y los ministerios públicos es esencial en todo lo que se refiere a políticas vinculadas al poder judicial, No es posible afrontar este nuevo desafío de modo sectorial”

El Colegio: Ud como Presidente de la Cámara de Apelaciones del fuero Penal Contravencional y de Faltas y de Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Penal considera que al CPPCABA hay que efectuarle modificaciones? En que institutos??

 

Dra Manes: En general no estoy de acuerdo con los “parches”: toda reforma parcial debe responder exclusivamente a la ineficiencia de ciertas prácticas procesales, manteniendo la coherencia con el resto de las normas preconcebidas. En el caso concreto del CPPCABA, las reformas deben pasar necesariamente por reafirmar diferenciación de los roles de los sujetos procesales, ratificar la necesaria jurisdiccionalidad de toda medida que afecte derechos fundamentales; reafirmar la oralidad (necesidad de realización de audiencias, que garantizan a su vez la publicidad); hay que reformular la importancia de la audiencia del art. 210, que es la puerta de ingreso de la información relevante (evidencias)para las partes en el juicio oral, en la que se debe discutir seriamente la admisibilidad de las pruebas que se van a producir en el juicio; simplificar el sistema recursivo.

Por otra parte creo que es necesario introducir normas vinculadas a la prueba informática y a la utilización de nuevos medios  tecnológicos para obtener evidencias. Su ausencia afecta el principio de legalidad procesal, de allí que es imprescindible su reconocimiento normativo.

 

El Colegio: Oralidad vs celeridad? o ambas?

 

Dra Manes: La Constitución Nacional desde 1853 a la última reforma del año 1994 ha mantenido el juicio por jurado para resolver los casos criminales. Este diseño necesariamente implica oralidad. Es decir que desde el inicio de nuestra nación, la carta fundamental señaló que solo el proceso penal constitucional debe ser oral. Por otra parte el art. 8 de la CADH nos dice que el imputado tiene derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. Ser oído importa oralidad como modo de comunicación entre los sujetos procesales. Por tal motivo, el bloque de constitucionalidad nos obliga a que el proceso penal sea un proceso oral, de audiencias públicas, y no un procedimiento escrito. Y la Constitución local también recepto este principio, que debe ser respetado en todo el proceso

En cuanto a la celeridad, ninguna duda me cabe en cuanto a que el sistema de audiencias obliga a resolver inmediatamente, evitando la delegación de funciones que, más allá de desdibujar la actuación de los operadores judiciales, implica per se una verdadera demora en la resolución de las pretensiones de las partes.

 

El Colegio: Que considera acerca del juicio por jurados en la Ciudad?

Dra Manes: La ciudad de Buenos Aires no debería dar la espalda a la manda constitucional que desde 1853 hasta la reforma de 1994 ha consagrado y ratificado el juicio por jurados. La omisión constitucional en la que ha incurrido el congreso nacional ya ha sido salvada por las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Rio Negro. Hoy hay proyectos con media sanción en Mendoza, Santa Fe, y proyectos presentados las provincias de Chubut y Entre Rios.

Frente a la verdadera democratización de la justicia, mediante la participación ciudadana en el juzgamiento de los delitos más graves, no es posible que los porteños no tengan la misma posibilidad de actuar como jueces de los hechos, que sí tienen los ciudadanos que viven del otro lado de la General Paz.

El juicio por jurados coadyuva a la oralidad, publicidad, independencia e imparcialidad y es un derecho de la ciudadanía, como también del imputado a ser juzgado por sus pares.

El poder judicial de la CABA a través del CM ha asumido un compromiso muy importante en favor del juicio por jurados, y es hora que los otros dos poderes de esta ciudad comprendan la necesidad e importancia de instalarlo definitivamente en esta ciudad.

 

El Colegio: Con este traspaso gradual de competencias penales a la Ciudad, que estima necesario para dar respuesta efectiva al delito y a la sociedad?

Dra Manes: La prevención del delito debe estar en manos de las fuerzas de seguridad locales, dado que la justicia actúa cuando el delito ya se cometió. También son muy importantes las políticas públicas sobre educación, salud, vivienda como modo de prevención de estas conductas disvaliosas.

Sin embargo, frente a la víctima, la justicia de la CABA da respuestas rápidas y efectivas, que están vinculadas con el amplio reconocimiento de sus derechos, la posibilidad de conversión de la acción para que la querella continúe en solitario, sumado a las distintas oficinas que han sido creadas para atenderla. Insisto que la oralidad propia de nuestro sistema procesal permite a la víctima tener contacto directo con el/la fiscal o con los tribunales, y participar activamente del proceso y obtener una respuesta rápida a su conflicto.

 

El Colegio: Considera necesaria una reforma judicial penal por materias, con oficinas judiciales que descongestionen a los Juzgados de los trámites ordinarios, etc.?

 

Dra Manes: El nuevo CPP federal ha creado la oficina judicial que es la que gestiona todo lo vinculado con las audiencias orales. Creo que sirven para descongestionar a los jueces de trámites que no hacen a la función jurisdiccional propiamente dicha. Hay especialistas en gestión judicial  que son quienes organizan las agendas judiciales, con flexibilidad y permanente consulta con los jueces.

La creación de la agenda única de audiencias constituye un modo de agilizar y coordinar las audiencias con las partes, más allá que son los jueces los que la manejan, a diferencia de lo que sucede con las oficinas judiciales.

 

 

El Colegio: Ud preside la Mesa de trabajo de seguimiento de la implementación del nuevo sistema de organización geográfica de la ciudad en comunas, de la policía de la Ciudad y a partir de ahí su recepción por el MP y por la jurisdicción: cuál es su impresión al respecto?

 

Dra Manes: La coordinación entre la jurisdicción y los ministerios públicos es esencial en todo lo que se refiere a políticas vinculadas al poder judicial. De allí la importancia de la mesa de trabajo, que fuera convocada por acuerdo de la Cámara que presido. Es un espacio para acordar teniendo en cuenta las diferentes posturas, previo dialogo, y que ha resultado muy fecundo. La evaluación del impacto de las nuevas competencias, teniendo en cuenta la reorganización geográfica de la ciudad, ante la falta de datos empíricos confiables, nos permitirá observar si la distribución del trabajo es equitativa en atención a la descentralización de nuestras sedes judiciales, como también la cantidad de audiencias, el tiempo de traslado de detenidos, utilización de la agenda única, videoconferencias, etc. No es posible afrontar este nuevo desafío de modo sectorial, ya que solo trabajando en conjunto podremos ver resultados q se reflejen en la eficiencia del sistema.

 

C:V. DRA SILVINA MANES

 

Nació el 11 de enero de 1958 en la Ciudad de Buenos Aires. Es abogada egresada de la UBA. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Palermo y diplomada en Derechos Humanos por American University, Washington College of Law, USA (2009). Ha realizado cursos de posgrado en derecho procesal penal y derechos humanos en la Southwestern University California USA (1997), Universidad de Salamanca, España (1999), Universita degli studi di Bari (1999) y Universita di Roma Tor Vergata (2014) Italia, Federal Judicial Center, Washington USA (2013) y diversos cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Ingresó al Poder Judicial de la Nación en el año 1977. Fue Secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de sentencia letra A (1986-1993). Se desempeñó como Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional de Capital Federal y supletoriamente ante la Cámara Nacional de Casación Penal (1993-2005). Fue presidenta de la comisión de Defensa Pública de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la CABA (MAFUCABA). Es Presidenta de la Asociación Argentina de profesores de Derecho Procesal Penal por segundo periodo consecutivo y Vocal de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Es profesora asociada de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Argentina de la Empresa, profesora adjunta de Derecho Procesal Penal en la Universidad del Museo Social Argentino y profesora de posgrado de Derecho Penal Especial en la Universidad del Salvador. Es autora de numerosas publicaciones, y ha sido disertante y conferencista en diversos congresos, seminarios y cursos de la especialidad penal y procesal penal. Es jueza de cámara desde el año 2005.