La ciudad de Buenos Aires y la Narcocriminalidad

Recientemente, el 9 de agosto pasado, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con el Consejo de la Magistratura llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires las Jornadas acerca del Desafío de la Ciudad frente a la desfederalización de delitos de la ley de …

Recientemente, el 9 de agosto pasado, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con el Consejo de la Magistratura llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires las Jornadas acerca del Desafío de la Ciudad frente a la desfederalización de delitos de la ley de estupefacientes.-

El motivo de este trabajo es poner de relieve las marcadas posturas que se expusieron: una, desde un punto de vista político institucional del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal y otro minoritario -en esa ocasión- desde el aspecto jurisdiccional.-

En el panel de apertura participaron el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Dr. Diego Santilli, el Fiscal General de la Ciudad, Dr Luis Cevasco, el Subsecretario de Justicia de la Ciudad, Dr. Hernán Najenson, el Superintendente de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr, Vicente Barreiro y los Consejeros Dres Alejandro Fernandez y Darío Reynoso. En el primer panel sobre el rol de las fuerzas de seguridad en este flagelo participaron el Jefe de la Policía Federal Argentina Comisario Néstor Roncaglia, el responsable a cargo de la Superintendencia del tráfico de drogas y crimen organizado de la Provincia de Buenos Aires Comisario Gustavo Berdini y el Director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Dr Enrique del Carril.

El Dr Cevasco sostuvo que asumir esta competencia verdaderamente es un desafío para la Ciudad porque es un tema esencial. Aludió a los inconvenientes de gestión y estructurales que padece la Justicia Federal para ocuparse del narcomenudeo y que la CABA lo enfrentará. Diferenció entre la tenencia de estupefacientes para su comercialización de la de consumo personal.

Seguidamente, el Dr. Santilli vinculó el tema de seguridad con las drogas y la justicia. Aseveró que la adhesión a la desfederalización a la ley de estupefacientes es un modo de acercar la justicia al vecino. Aludió, a modo de semejanza, al traspaso de la Policía a la Ciudad que logró que se encuentre más cerca de la gente conociendo la problemática de cada barrio. Citó que el reclamo ciudadano es por seguridad y que todos saben dónde y quienes venden droga. La herramienta del ciudadano ante ese flagelo es la Policía y luego la situación se deriva a otro ámbito que es el judicial. Coincidió en que la Justicia Federal se halla colapsada con temas de distinta relevancia y que no puede ocuparse de la cantidad sustancial por narcomenudeo. Reconoció que es un trabajo de todos, de todos los días para resolver los problemas de la cotidianeidad de los vecinos. Que hay otros vecinos que padecen el flagelo directamente y que para ellos hay programas de inclusión e integración para terminar y ayudar con la enfermedad. Por ello seguridad y justicia deben estar cerca de la gente.-

Luego el Dr Reynoso hizo mención a que el traspaso de competencias en la Ciudad es lento pero firme hasta lograr completar la autonomía jurisdiccional de la CABA. Sostuvo que el problema de la narcocriminalidad hay que verlo también desde el punto de vista de la Defensa como de los Jueces. Expresó que es el primer paso en el tema y que seguidamente hay que convocar a otras jurisdicciones y fuerzas de seguridad con experiencia en el tema.

Por su parte el Dr Najenson se refirió que para abordar el tema se necesita de inversión y capacitación. Que desde el Ministerio de Justicia de la Ciudad se trabaja con el Ministerio de Justicia de la Nación para crear el marco necesario que posibilite asumir debidamente las competencias. Las provincias a través del Consejo Federal de Justicia asumieron esta competencia con diferentes grados de dificultad. No es la misma situación por ejemplo en Salta que en la Provincia de Buenos Aires. Indicó que también es necesaria una readecuación del Código Procesal Penal de la CABA y que ya en la Legislatura hay varios proyectos al respecto para avanzar en el sistema acusatorio con mayor oralidad y desformalidad para así lograr una mayor eficiencia de la justicia. Compartió que la transferencia plena de las competencias para la Ciudad es acercar la justicia a la gente con procedimientos agiles, rápidos, eficientes y oralizados.

El Superintendente de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr, Vicente Barreiro, mencionó que el distrito adhirió a la desfederalización en el año 2005. Que hoy la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en esa misma situación y lo relevante es poder compartir las experiencias con la ley. Compartió la idea que la Justicia Federal se ocupaba de otros temas dejando de lado aquellos que aquejan a la gente de manera cercana. Los habitantes de la Provincia reclamaron seguridad y se instaló a la Policía cerca del ciudadano. Con relación al narcotráfico todos conocen donde se vende la droga, que es la última parte de la cadena del flagelo. La problemática requiere de una coordinación muy aceitada entre la Policía, la política y la Justicia. En la Provincia de Buenos Aires esa acción se tradujo en resultados exitosos: 61300 procedimientos antidroga,  se incautaron 1550 kg de cocaína, 46200 kg de marihuana, 68200 unidades de paco. Se detuvieron a 11900 personas desde el 2005 y 6300 personas desde el año 2016 a la fecha.

Por ello estimó necesario dotar a la Policía Federal como a las de las Provincias de herramientas y de inversión para llevar a cabo la tarea. Finalmente, con ello, manifestó que aún el art 5 de la ley de desfederalización no tuvo cumplimiento ya que los recursos no fueron transferidos pero reconoció que el instrumento legal es el adecuado.

El Comisario Néstor Roncaglia pos su parte definió al narcotráfico como uno de los grandes problemas sociales que se deriva en el lavado de activos. Por ello dividió a la actividad en tres grupos: el punto de venta, la monetización y el consumo. El punto de venta es donde se vende y los adictos compran la droga y la monetización es la transformación de la droga en dinero. El narcotráfico es un sistema que comprende a otros como el transporte, el almacenamiento, etc. Con relación al consumo, sostuvo que el narcomenudeo es lo que le ocurre más cerca al vecino, es visible. Todas las autoridades deben tomar verdadera conciencia de la problemática ya que de lo contrario hasta puede poner en peligro la institucionalidad de un país.

El narcotráfico en grandes escalas es lo más visible, de mayor repercusión, y la venta en menor escala se deja un poco de lado. Eso es lo que sucede con la justicia federal. El daño a las personas se da en ese último eslabón y lo constituye el narcomenudeo. Que dentro de ese consumo el peligro a la salud lo constituye el paco y todas aquellas sustancias de baja calidad pero de alta toxicidad.

En el siguiente panel se abordó el tema de la investigación en el tráfico de estupefacientes y la competencia penal integrado por el Juez Federal Dr Sergio Torres, el Fiscal Federal de la PrOCUNAR el Dr Diego Iglesias y el señor Procurador General de la Provincia de Salta Dr. Pablo López Viñals.

El Dr Torres expresó que el narcotráfico tiene particularidades que genera desafíos en distintos ámbitos. Es un delito que contiene una circulación de la sustancia que en muchos casos involucra a otros países como se observa en la cadena de tránsito, consumo y producción. Sostuvo que este delito de narcotráfico conlleva a otros que se denominan encadenados. Es un delito que genera adicción, oculto, se desarrolla fuera de lo público y es la única actividad que no tiene problemas de índole económica. El problema del narcotráfico es que se hace con el dinero. La última etapa del delito es el narcomenudeo donde el delito logra territorialidad, encuentra un lugar para quedarse, un lugar para la venta. Ese es el único momento del delito que deja de moverse. Es un delito de naturaleza federal. Sin embargo, en el año 2005 se dictó la ley 26052 en la que se prevé la posibilidad de desfederalizar el delito en tenencia simple, para el consumo y para el narcomenudeo. Reconoció dos problemas, uno la congestión laboral de la justicia federal, otro la visión parcial del tema en la cadena del delito. La venta minorista es un camino que se puede utilizar para llegar a la organización.

Agregó que los desafíos son: trabajo armónico entre las fuerzas federales y las locales como de la justicia en esos dos ámbitos; Capacitación y formación académica; legislación e implementación correcta; laboratorios en cantidad suficiente para obtener resultados inmediatos.

Indicó que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene una ventaja sobre la federal que es la normativa procesal moderna y dinámica.

En lo atinente a la territorialidad del delito, expresó que cuando el territorio no lo ocupa el Estado lo ocupa alguien que no lo es, es decir, en cada lugar donde se vende droga no está el Estado.

La comunidad se entera de los grandes procedimientos antidroga y hasta no se llega a comprender su magnitud. Pero éste del narcomenudeo es un delito que ocurre en la calle, en los barrios y provoca su degradación con oscuridad, circulación de vehículos y personas ajenas al lugar, los habitantes del barrio ya no transitan libremente por las calles donde se produce la venta de sustancias. Para concluir sostuvo que es necesario tomar las experiencias de otras provincias para que entre todos podamos tener una ciudad segura.-

A su turno, el Procurador General de la Provincia de Salta, Dr López Viñals, expresó que integra el Consejo de Política Criminal del Ministerio Publico y que el Consejo Federal de Política Criminal adoptó decisiones acerca de esta problemática que tuvieron sus resistencias por parte de las justicias provinciales.-

La competencia federal en materia de narcocriminalidad, sostuvo, que con la ley 23737 contenía a una Argentina diferente a la actual, es decir, se pasó de un país de tránsito a uno de consumo fuertemente instalado.

No es un fenómeno delictivo como lo enfocó la ley 23737, sino que ante un fenómeno de delincuencia masiva resultó incompatible la capacidad de respuesta de la justicia federal con el nivel que demanda combatir la narcocriminalidad. Otro problema es el modelo decimonónico de la justicia federal. La justicia federal tiene un problema de gestión y de direccionalidad de la persecución penal. No es cierto que los jueces federales dirijan el proceso penal en cuanto a los objetivos que quieren afrontar y de esa manera no se cumple con el mandato que la ley les otorga.

Sostuvo que hay problemas de planificación y de falta de inversión, lo que hace necesario tomar las decisiones adecuadas. La ley de desfederalizacion no contaba con “buena prensa” y se le hicieron cuestionamientos a cómo se la había aplicado. Se hizo foco a inconvenientes que sucedieron entre las autoridades federales y provinciales y que ello provocaba una desfragmentación de la investigación, de la información y hasta problemas técnicos de competencia. La aceleración del proceso de desfederalizacion se dio en primer lugar en la Provincia de Buenos Aires, luego en Córdoba y Salta, siguió en Formosa y Chaco y hacia otras provincias. Hay un pedido concreto de la ciudadanía sobre el narcomenudeo y la narcocriminalidad urbana que consiste en que alguien se debe hacer cargo de esa delincuencia a plena luz del día.

Comentó que en Salta primero se conversó con los operadores jurídicos y se planificó el Ministerio Público Fiscal. Manifestó que los jueces no pueden planificar ya que solo se deben limitar a intervenir en aquello por lo que se le da intervención a través de la policía por su actividad oficiosa o por el denunciante. La Fiscalía planea de la mejor manera la defensa de los intereses de la sociedad frente al crimen organizado y tiene las herramientas para hacerlo.

El Ministerio Fiscal apeló al análisis criminal como modelo de planificación de la persecución que demanda tener un conjunto de operadores que se dedican a considerar al delito en distintos niveles de importancia. La oficina de análisis criminal y la PROCUNAR, indicó que trabajan en conjunto en la evaluación, como la Procuración General de la Nación con la de la Provincia de Salta y la intervención conjunta de la justicia federal con la provincial.

Entendió que las mesas de análisis y de convergencia con la justicia federal deben progresar y continuar en cooperación y confianza entre las fuerzas. La cooperación “interagencial” elimina procesos monopólicos propicios para la corrupción estatal.

Luego se explayó acerca del grado de excelencia de los laboratorios de toxicología que hay en todas las provincias financiados por el estado nacional. Para finalizar insistió en la habilidad de tomar decisiones adecuadas al momento de poner los recursos del Estado para dar solución a un problema de la sociedad.-

Seguidamente continuó el último panel que abordó el tema desde el punto de vista de la justicia local frente a la desfederalización.

En primer lugar expuso la Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas, Dra. Silvina Manes que planteó el tema desde una visión crítica. Recordó que durante su vasta experiencia laboral en el Poder Judicial, se dictaron los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Capalbo” y “Bazterrica”. Abordó su exposición en torno a tres ejes: uno, la ley 23737 y sus modificatorias, otro fue la ley de desfederalización y finalmente la competencia de la justicia de la Ciudad y los desafíos a que nos enfrenta la adhesión a la ley de desfederalizacion.

La ley 23737 contenía una decisión criminalizadora de lucha contra las drogas. Repasó a Roxin en cuanto a que la punibilidad de la venta de drogas se justifica por la incontrolabilidad, que de lo contrario se produciría, de su difusión y de su peligro para consumidores no responsables, sobre todo menores de edad. Sin embargo, una investigación más exacta debería conducir a una restricción sustancial del actual derecho penal en materia de estupefacientes.

Por ello planteó dos posturas acerca de la persecución o no en la materia. A favor de la legalización se planteó la libertad de mercado y el marco de libertad personal. Asimismo, que el combate a las drogas en muy costoso y  que no implica incremento de consumo inaceptable; que los impuestos se derivarían a educación y salud; que se asegurarían niveles de pureza sin peligro para la salud; evitaría la prisión para consumidores; el precio de la droga bajaría como sucedió con el alcohol; que solo se restringiría la venta a menores de edad y que el control de calidad y cantidad de droga debe ser establecida por el Estado.

Por el otro lado, la prohibición incrementaría el consumo, aumentarían los costos para la sociedad y se cometerían más delitos contra la propiedad.

Sostuvo que la narcocriminalidad es una problemática compleja en la que tanto el discurso oficial y los medios de comunicación deben contrarrestar el flagelo y encarar la guerra contra las drogas; pero que hay que tener cuidado de magnificar un peligro social existente transformándolo en penal; ser cuidadoso con el respeto del principio de legalidad que puede verse afectado con la deficiente técnica legislativa que multiplica los verbos típicos, asimila participación y autoría, preparación y consumación, desconociendo el principio de ofensividad y por sobre todo la no penalización de enfermos o toxicodependientes que lo que revela es el fracaso de políticas públicas de salud. Además hizo una vinculación de las drogas con aquellas sustancias socialmente permitidas como el alcohol y el tabaco.

Indicó que el bien jurídicamente protegido en el tema de drogas es la salud pública que es el legitimador de la actividad punitiva creando un claro control social sobre determinado sector de la sociedad. Las prácticas de criminalización general, violencia y selectividad policial, intromisión en el ámbito de derechos fundamentales, generación de encarcelamientos masivos, ampliación de redes de control con tratamientos-castigo.

Sin embargo, sostuvo que hay nuevos enfoques en el ámbito internacional. Por ejemplo, la adopción de políticas de reducción de daños que se aplican en Europa desde la década del 80; las salas de consumo en Suiza o en Alemania, los coffee shops en Holanda, la aplicación de multas administrativas en República Checa o la descriminalización en Portugal. En Estados Unidos, los casos de los estados de California, Oregon, Washington, Colorado y Alaska donde hay un control de la producción muy estricto pero que en el ámbito federal está prohibido.

En cuanto al segundo eje manifestó que la ley 26052 modifica atribuciones jurisdiccionales en delitos menores (narcomenudeo-microtráfico) de la ley 23737; como del mismo modo no resulta claro el criterio que determina la competencia, art. 34, en detrimento de la competencia federal, y la incidencia preponderante de la policía en la determinación de la competencia ya que más del 80% de las causas se inician por prevención policial.-

Asimismo advierte acerca del fraccionamiento de las investigaciones en contra de las pesquisas de delitos más graves y de criminalidad organizada; el dispendio jurisdiccional por conflictos de competencia recargando a los tribunales locales con la consiguiente demora en el proceso; los problemas generados por los distintos sistemas procesales; la indeterminación de cantidades concretas de estupefacientes para considerar el caso como de comercialización o de tenencia; la atomización de la política criminal en la lucha contra el narcotráfico, con superposición de tareas y subutilización de recursos y la duplicación de recursos federales y locales.

Aludió que en la Provincia de Buenos Aires con la PROCUNAR el cambio de competencias atentó contra el desarrollo de la investigación perjudicando especialmente la investigación de los hechos más relevantes. Que las investigaciones en la justicia provincial presentan una controvertida adecuación a la competencia y el incremento exponencial en la persecución de conductas por tenencia simple y para consumo personal.

En cuanto al tercer eje de exposición sobre la competencia de la justicia de la Ciudad y los desafíos, consideró que el diseño de la política criminal en materia de estupefacientes que limite los efectos negativos de la propia decisión criminalizante por el Ministerio Fiscal; la coordinación interinstitucional local y federal en especial por los diferentes sistemas procesales; control estricto de la actividad policial para neutralizar focos de corrupción y afectación a derechos fundamentales (vg. Requisas innecesarias o intromisivas en la vía pública); persecución de casos de mayor gravedad dentro de las competencias menores asignadas (principio de oportunidad e intervención penal como ultima ratio) y establecer criterios de persecución según tipo, cantidades y calidades de sustancia.

Con respecto a este último punto, refirió que la tabla de umbrales para consumo personal de cannabis por país a modo de ejemplo es el siguiente: Australia entre 15 y 50 gr; Colombia 20 gr; España 200 gr; Finlandia 15 gr; EEUU 28.45 según los estados; México 5 gr; Paraguay 10 gr; Portugal la cantidad necesaria para 10 días, Uruguay 40 mensuales y Ecuador 10 gr.

Según en nuestro país el Sedronar considera: 50 gr de cannabis; 5 gr de cocaína; 10 gr de pasta base; 0,5 de éxtasis; 3 gr de anfetaminas; 0.15 de LSD, 20 gr de barbitúricos (según informe del Fiscal de Mar del Plata Dr Bombini).-

Siguió su exposición con la importancia sobre el tipo y calidad de sustancia según el daño a la salud que ocasione, lo que implica una evaluación de la lesividad al bien jurídico desde una valoración cualitativa y cuantitativa. Por ejemplo en Inglaterra se clasifica en clase A a la heroína y los opiáceos, cocaína, LSD y éxtasis; clase B a la marihuana, anfetaminas y barbitúricos y clase C a los tranquilizantes y estimulantes.-

Ya en nuestro país, los casos de tenencia para consumo personal resueltos por la CSJN fueron Arriola, Bazterrica y Capalbo en donde se reafirmó el concepto de intimidad, de la exigencia de afectación al bien jurídico, la limitación a las medidas curativas o educativas y la figura del infractor víctima que el usuario de la droga es la víctima en la que se materializa el riesgo para la salud, no pudiendo ser autor y víctima al mismo tiempo. Su persecución implica adoptar criterios incompatibles con un estado de derecho.

Por otra parte la Dra Manes consideró como otro aspecto negativo el problema de falta de servicio penitenciario propio que obliga a acudir en lo posible a las alternativas legales al encarcelamiento y la falta de laboratorios propios como de normas sobre cadena de custodia de las sustancias.-

Concluyó que la Ciudad enfrenta un enorme desafío sobre todo en materia de reconocimiento de competencias propias, sin perjuicio de la crítica a la conveniencia o no de adherir a la ley de desfederalización y de la necesidad de capacitación de los operadores judiciales, de los recursos y de la utilización de criterios de política criminal racionales  que tengan en cuenta los parámetros señalados y que dependerá de coadyuvar a la investigación de la criminalidad organizada en manos de la justicia federal evitando la persecución de enfermos y de la población vulnerable.-

Luego continuó el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Dr Julio Conte Grand, haciendo hincapié que todo sistema estatal debe girar en torno de la persona y de su dignidad, tanto en su ámbito familiar, social, barrial, etc. Expresó que el objeto de la política criminal de la Provincia de Buenos Aires es en primer lugar la violencia de género, le sigue el robo con armas, luego la corrupción y finalmente el narcotráfico o narcocriminalidad. Consideró que la droga está en todos los delitos y la necesidad que el estado fije políticas criminales. Por ello que la Provincia se adhirió a la ley nacional de desfederalización para combatirlo de manera conjunta.

Sostuvo que la Provincia es heterogénea y que no se puede decretar una política criminal según los departamentos judiciales que la componen.

La Provincia adhirió a la desfederalización el 10.12.2005. Pero esa asunción de competencias necesita de recursos que hasta el momento no se transfirieron pero que igualmente la tarea se realiza con los recursos humanos existentes. Comentó que 800.000.000 de pesos anuales es el costo presupuestario de esta materia y que la desfederalización implicó la distribución de funciones y competencias: no marcó umbrales pero la colaboración entre fuerzas federales y provinciales fue óptima; la articulación entre la justicia federal y local para definir políticas estratégicas conjuntas y el intercambio de información que solo es posible al considerar la unidad del estado.-

Finalmente, el Dr Cevasco reiteró la importancia del desafío de la Ciudad en asumir esta competencia. Sostuvo que el país cambió y que dejó de ser un país de paso. Antes no había instalación de la mafia de la droga. Hoy nos encontramos con serios problemas porque la droga tiene una fuerte ocupación territorial y que permea a otros asuntos de la sociedad. Vemos como las categorías de delitos fueron también mutando: antes se hablaba de la cantidad de causas por amenazas y hoy son de violencia de género. Por ello en esta problemática no solo cabe analizar la cantidad o pureza de la sustancia sino a todo lo que abarca, a los otros delitos como corrupción, violencia para conseguir dinero para comprar estupefacientes, peleas territoriales, venganzas, usurpaciones de casas y venta de estupefacientes como medio de vida.

Todas esas circunstancias alrededor de la venta de la droga cobra una significación muy grande y grave.-

Luchar contra el narcomenudeo es trabajar para disminuir los problemas que ello acarrea en la gente de todos los días. La Ciudad es cosmopolita con una dimensión geográfica acotada y es un problema que se suscita en todos los barrios.

La ley 23737 puso énfasis en las sustancias pero hoy el objetivo es otro. La violencia tiene otra significación y agregó que hay que ver la realidad de todos los días ya que todo el tiempo es otra.

El planteo ya no es la cantidad sino las circunstancias de hechos por las cuales una persona está detenida. La cantidad si es poca o mucha en sí no dice nada. La marihuana está socialmente aceptada pero el problema es lo que subyace: cómo se instala territorialmente.

Expresó que la actual gestión no tiene como objetivo perseguir el consumo personal lo que no quiere decir que el criterio de cantidad va a indicar que la persona continúe o no en el lugar de detención. Es necesario desarrollar criterios sobre los cuales se determinará el tratamiento para consumo personal o a un tratamiento de tenencia simple o comercialización.

El Dr Cevasco entendió que el sistema tiene desafíos: el trabajo conjunto con las fuerzas federales; la validez de los actos procesales, la transferencia de información, el control de la policía a través de la consulta inmediata la fiscal desde el lugar de la detención; laboratorios en el ámbito de la Policía de la Ciudad y propios en el Centro de Investigaciones Judiciales del MPFiscal y a través de convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación; la recepción de denuncias por diferentes vías que son fuentes de información; en los casos de flagrancias la consulta se realice a la Unidad de Intervención Temprana para dar respuesta a las aproximadamente 400.000 consultas por quincena que se efectúan actualmente en el PJN; contar con estructuras adecuadas para la cantidad de personas detenidas y con prisión preventiva: se acordó con el Ministerio de Seguridad que en ocho dependencias de la Policía de la Ciudad existan oficinas para fiscales y defensores para tomar declaraciones indagatorias y disponer lo necesario en el lugar y así evitar traslados por toda la Ciudad; los recursos económicos para implementar alcaidías en los edificios de las cuatro zonas en la que geográficamente está dividida la ciudad.-

Consideró que en un año ya se contará con las estructuras necesarias y del diálogo entre otras áreas fijar criterios uniformes de cadena de custodia, reserva de las sustancias, etc.

Finalizó con que asumir este desafío es una posibilidad de dar respuesta a una situación conflictiva en la Ciudad estando los recursos humanos del MPF a la altura de las circunstancias.-