CONSTITUCIÓN, AUTONOMÍA, LA CORTE SUPREMA Y EL CÓDIGO ELECTORAL

OTRO PASO A LAS FACULTADES DE JURISICCION PLENAS DE LAS CIUDAD DE BUENOS AIRES: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL DE “AHORA EN MAS” ¿ES TAN ASÍ?

Aunque es sumamente conocido por todos y mucho se ha escrito acerca del art 129 de la Constitución Nacional que reconoce la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires con facultades propias de legislación y jurisdicción, siempre es necesario recalcar y cuantas veces sea necesario que desde 1994 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un ente que forma parte de la Confederación (SÁEZ CAPEL, José, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vigésimo cuarto Estado de la Federación, artículo publicado en Revista Jurídica La Ley Actualidad, del 29 de marzo de 2005.), es decir, es un sujeto del sistema federal argentino. Para ello, como cualquiera de las restantes provincias, dictó su propia Constitución, estructuró sus instituciones bajo la forma republicana representativa; con gobernantes elegidos por su pueblo, división de poderes, igualdad ante la ley y publicidad de los actos de gobierno, entre otros. (Derecho Constitucional Argentino” González Calderón, Juan Buenos Aires 1931)
La palabra autonomía tiene su raíz etimológica en el griego como “facultad de darse la propia ley” y la Real Academia Española la define como potestad que dentro de un estado tienen municipios, provincias, regiones y otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. (según voto en disidencia de la Dra Elena Highton de Nolasco en causa “GCBA c/ Provincia de Córdoba” como luego veremos).
Si bien es cierto que las normas deben ser analizadas en su contexto normativo, en su realidad histórica, (ej: ley 24588 que cercenó en ese entonces la autonomía constitucional), integrándolas para que exista congruencia entre ellas, no dejan de ser un dato de la realidad, los pasos demostrativos de cumplimiento con la Constitución Nacional por parte de las autoridades locales y su voluntad -ahora sumada jurídicamente la CSJN- para que los porteños tengan sus propias normas y su justicia.-
No es más ni menos que cumplir con la Constitución pero para llegar a ese fin pleno, que no parece ser directo por cuestiones ajenas contaminantes, se realizó, en presente y futuro, un trabajo diario, arduo y persistente en ese sentido para volcar una “historia” vista de una manera particular y condicionada al ejercicio del poder que representa la Ciudad de Buenos Aires como distrito y como asiento de las autoridades nacionales.
Hoy, se puede afirmar que estos logros y los que vendrán son el resultado de un camino que tiene como único objetivo el cumplimiento de la Carta Magna.
Por ello fue tan necesario el dictado de normas electorales reunidas en un Código para que la Ciudad también tenga su fuero judicial electoral (como toda provincia) y regule de manera propia el modo en que sus ciudadanos elegirán a sus representantes, como veremos luego.-

La Constitución, la CSJN y la autonomía

Analizando hoy la situación jurídica que se planteó en la causa “Gauna, Juan Octavio s/ acto comicial del 29.3.1997” en el marco político de ese momento, es para destacar la tarea valiente, titánica e inteligente de sus autoridades por cumplir con la Constitución. Pero mientras tanto la CSJN tuvo una serie de pronunciamientos que no fueron favorables a la autonomía de la Ciudad y con el tiempo fue variando su posición también en estos 25 de años, aunque ahora parece definitivamente seguir una línea a favor de la Ciudad.-
A título recordatorio, en esa causa la solicitud radicó en que se adoptaran todas las medidas judiciales correspondientes a los efectos de la convocatoria a elecciones de diputados para integrar el Poder Legislativo de dicha Ciudad en razón del decreto dictado el 3 de diciembre de 1996 por el Jefe de Gobierno. La Cámara Nacional Electoral confirmó la sentencia de primera instancia electoral y sostuvo la inaplicabilidad del art. 2 de la ley 24260 (de convocatoria a elecciones nacionales y en la Ciudad) por ser contrario al art. 129 de la CN ya que éste institucionalizó un nuevo status jurídico de la Ciudad al crear un régimen autónomo de gobierno. Consideró que al encontrarse en ese entonces el Jefe de Gobierno en funciones, otorgar al Poder Ejecutivo Nacional dicha facultad importaría admitir también que la conclusión del proceso de institucionalización de la Ciudad podía quedar sometida sine die a su voluntad con grave restricción a la autonomía constitucional.
En esa oportunidad la mayoría de la CSJN entendió a la ley de garantías conocida como Ley Cafiero (24588-tutela de los intereses federales en la Ciudad mientras sea capital de la Nación) funcionaba como reglamentaria del artículo 129 de la Constitución Nacional y así hizo depender a la autonomía de la Ciudad de una ley del Congreso. Aún nos podemos preguntar, cómo la convocatoria a elecciones locales realizada por el Jefe de Gobierno podía afectar los intereses del Estado Nacional? También en dicha ocasión la CSJN abordó el tema de “la situación excepcional y transitoria” dando una justificación al proceso de transición iniciado con la reforma constitucional de 1994. En el considerando 18) reitera esa situación, por cuanto la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de convocar a elecciones obedeció a regular la convocatoria de la primera elección del cuerpo legislativo y que sus disposiciones debieron ser entendidas dentro de las “particularísimas” circunstancias en que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, cuyo único poder constituido era el ejecutivo local, situación que hoy vale señalar, ha sido ampliamente superada. Por su parte, en la disidencias de los Dres Fayt, Belluscio y Bossert, en el considerando 11) claramente sentaron que el paso inicial en el proceso electoral “habrá de ser ejercido siempre por el titular de la representación popular, en ese caso es decir la “convocatoria a elecciones”, la autoridad establecida en el art 95 de la Constitución de Ciudad de Bs As.”
En cambio, en el voto del Dr Enrique Petracchi, en minoría, resaltó que la autonomía de la Ciudad no podía estar sujeta a los criterios discrecionales del Gobierno Nacional, ya que se la condiciona en una forma incompatible con el diseño constitucional aludido, tanto más si se repara en que el convocador resulta ser quien fue privado, por la reforma de 1994 de su condición de jefe de la capital. Sería ilógico, que los constituyentes hubieren fundado la autonomía de aquel (Ciudad) para autorizar luego al legislador infraconstitucional su derogación a través de una ley, aparte de que no se advierte que clase de “interés” debida la intromisión del gobierno nacional en el régimen autónomo de la ciudad (Fallos CSJN G.292 XXXIII del 7 de mayo de 1997).
En el año 1999 la CSJN en el caso “Cincunegui” tampoco entendió que le correspondía a la Ciudad la instancia originaria de ella justamente por su “menor” naturaleza jurídica (arts. 116 y 117 CN).
Luego en el año 2003, nuevamente la CSJN en la causa “Alicia Oliveira – Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA”, negó indirectamente las facultades propias de la Ciudad. El caso se originó en un conflicto positivo de competencia entre un juzgado contencioso administrativo y tributario y uno del fuero Civil y Comercial Federal sobre la instalación de máquinas tragamonedas en la Ciudad, no autorizadas por las autoridades locales. El procurador general Dr Nicolás Becerra, cuyo dictamen fue compartido por la Corte, señaló que “el Hipódromo Argentino de Palermo es un establecimiento en el que se practica una actividad declarada de interés nacional, en un inmueble que es de dominio de la Nación y, por ende, sometido a la jurisdicción federal” (Fallos, 326:3669). De tal manera se desconocieron las facultades propias del ejercicio de elementales potestades de policía reconocidas a los municipios provinciales.
Otro desconocimiento fue en lo decidido en “Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Asociación Vecinal Manuel Belgrano y otro c/ GCBA s/ amparo” ya que la mayoría de la Corte excluyó de la esfera judicial local una cuestión relativa al ruido en las líneas C y D de subterráneos. Sin embargo, los Dres. Carlos Fayt y Carmen Argibay destacaron que la regulación del nivel de sonoridad tolerable es una materia eminentemente local (Fallos, 328:2716).
En el año 2007, la CSJN resolvió que la Ciudad no tiene el mismo derecho que las provincias a ocurrir a la competencia originaria de la Corte “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego (Fallos 330:5279) por cuanto no se trata de una provincia y que el régimen de gobierno autónomo de la Ciudad no era un impedimento para que dicho estado no pudiera ser sometido a la jurisdicción de los tribunales locales de alguna provincia, en el caso, de Tierra del Fuego.
Luego de la solución dada en “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Provincia de Chubut” (Fallos, 326:2479), las controversias entre provincias y la Ciudad, o entre la Nación y la Ciudad, vinculadas al derecho público local, no eran admitidas en instancia originaria ante el tribunal, obligando a que tramiten ante tribunales provinciales o federales de primera instancia, (Fallos, 330:5279). La Dra Carmen Argibay, en disidencia, señaló que interpretar que la ausencia de previsión constitucional específica obliga a la Ciudad a resignar sus facultades propias de jurisdicción en favor de los tribunales de cualquier otra provincia con la que mantenga un litigio judicial, anula uno de los aspectos centrales de la autonomía política que tienen todos los estados que forman parte de la federación, a saber: la de no estar obligado a someterse al poder de otros estados miembros. Así pues, el Dr Zaffaroni agregó que la representación senatorial que la Constitución confiere a la Ciudad le otorga ese rango de ente federado.

Más recientemente, o a dieciocho años del caso “Gauna” la Corte Suprema de Justicia de la Nación además de variar su criterio sobre el alcance autonómico de la Ciudad, en los fallos dictados en las causas “Corrales, Guillermo y otro s/ hábeas corpus” (Competencia CCC7614/2015/CNC1-CA1 del 9 de diciembre de 2015) y “Damnificado Nisman Alberto y otros- causa NN y otros s/ averiguación de delito” del 20 de setiembre de 2016), reconoció una grave demora constitucional en el marco de la conformación del poder judicial de la Ciudad y exhortó a las autoridades al cumplimiento de la Constitución Nacional. Es bien claro, no le interesa el cómo, sino acatar la Constitución.
El máximo tribunal destacó: “En atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía, no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencias antes aludidos”, “si bien el carácter nacional de los tribunales de la Capital Federal pudo tener sustento en el particular estatus que tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, lo cierto es que, producida esta modificación fundamental, las competencias que actualmente ejerce la Justicia nacional ordinaria, que vale reiterar, no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la Justicia local”; “el legislador tuvo el propósito de generar, gradualmente un traspaso ordenado de distintas competencias nacionales a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin que por esa razón se altere la prestación correcta de la administración de justicia…”
Finalmente, exhortó a las autoridades competentes a que adopten las medidas necesarias “transcurridos ya más de veinte años de la reforma constitucional de 1994, resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional”. “De aquí en más, a los efectos de dirimir cuestiones de competencia, no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los federales”
Por su parte en el caso Nisman, además que cuatro de los actuales integrantes de la Corte Suprema ratifican la doctrina del caso Corrales, concluyeron que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y que esas limitaciones son producto de una situación de hecho que no debe perdurar en el tiempo. Sin embargo en el caso “José Marmol” sostuvo que los conflictos suscitados entre magistrados nacionales ordinarios y magistrados federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires debían ser resueltos por la Corte.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió que la Ciudad litigase en su instancia originaria (CSJN“Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba, provincia de s/ ejecución fiscal”, 4/4/19). Tal cambio de criterio es sumamente relevante atento a la resistencia al carácter autónomo de la Ciudad plasmado como vimos en numerosos precedentes, aunque con importantes disidencias.
Con su decisión en la causa “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”, resuelta el 4/4/19, la mayoría de la Corte, con disidencia de Elena Highton, ha retomado la doctrina del caso “Gobierno de la Ciudad c. Provincia de Chubut”, con una decisión acorde al estatus autonómico de la Ciudad de Buenos Aires afirmada en la Constitución Nacional hace 25 años.
Aquí se ventiló un caso entre el Gobierno de la Ciudad (a través de la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) que demandó a la Provincia de Córdoba (representada por la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba) por el cobro de un título ejecutivo ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Opuso la excepción de incompetencia por cuanto la Provincia no puede ser sometida a los tribunales locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que en todo caso el tribunal competente sería originariamente la Corte Suprema, o bien, los jueces locales de la Provincia de Córdoba. La Juez del Juzgado CAyT se declaró incompetente y remitió la causa a la Corte Suprema en el entendimiento que sería la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto las provincias como la Ciudad ya que ambas, léase, Ciudad y Provincia de Córdoba, reclaman su propia jurisdicción y por esa razón el Máximo Tribunal sometió el conflicto a su conocimiento.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia realizó el siguiente análisis respecto del carácter jurídico de la Ciudad de Buenos Aires: es ciudad por sus características demográficas; es ciudad constitucional porque es la única designada constitucionalmente con nombre y atributos de derecho público y es ciudad constitucional federada porque integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que lo componen.
Introdujo la idea del “diálogo federal” en el que participa la Ciudad de Buenos Aires y concretamente se “desliga” de 25 años de instituciones inconclusas, es decir, que además de no responsabilizarse por el pasado, es clara la dirección con que ahora la CSJN aborda el tema de la unidad federal. En este caso, le reconoce a la Ciudad el derecho a no ser sometida ante tribunales ajenos a la plena jurisdicción que le garantiza la Constitución. Por ello, cuando es forzada a litigar ante tribunales de extraña jurisdicción –al igual que una provincia- ve afectada su autonomía.
En el considerando 13 segundo párrafo, claramente indicó que la ciudad debe generar un autogobierno, es decir, el derecho de sancionar y aplicar sus leyes sin someterse a ninguna otra autoridad, pero también debe contar con un tribunal imparcial para dirimir las controversias que pudiera tener con ellas.
También mencionó el objetivo de lograr “hacer un solo país para un solo pueblo”, la armonía y respeto recíproco entre los estados y tener a la Ciudad de Buenos Aires como un actor del federalismo argentino.
Finalmente consideró que su competencia originaria para resolver estas cuestiones es la única manera de conciliar las prerrogativas constitucionales del derecho del estado nacional al fuero federal y el de las provincias a no verse sometidas a tribunales federales diferentes a esta Corte. Por ello la Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias y por lo tanto el mismo derecho a la competencia originaria de la CSJN.
En la misma fecha, 4.4.2019, la CSJN dictó sentencia en la causa “Bazán, Fernando s/ amenazas” (nro CSJN 4652/2015/CS1) en un conflicto negativo de competencia entre un Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas y un Juzgado Nacional de Menores. Ya desde el considerando 2) el Máximo Tribunal señaló que se trató de una contienda no federal, es decir, de la justicia penal con jurisdicción en el ámbito de la Ciudad, con lo cual su intervención es dable en la medida que se planteen incidencias entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos.
Volvió a formular una crítica a las autoridades que durante 20 años solo lograron el traspaso de competencias penales a determinados delitos, manteniendo instituciones inconclusas y un poder judicial incompleto constituyendo un desajuste institucional. Así, hizo hincapié a los escasos avances en materia de transferencia de la justicia nacional ordinaria a la que constitucionalmente le corresponde: a cuatro años del fallo Corrales, a veintitrés de la Constitución porteña y a veinticinco de la reforma constitucional nacional.
Reiteró la palabra “inmovilismo” en llevar a cabo la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad, no solo desde el punto de vista institucional sino también en la distribución de los recursos públicos en la medida que veintitrés provincias argentinas se hacen cargo de financiar los gastos que demanda el servicio de administración de justicia del restante distrito.
Otro de los fundamentos sobresalientes del fallo es el de la “lealtad federal” o “buena fe federal” conforme el cual en el juego armónico y dual de competencias debe evitarse que los estados abusen en su ejercicio, y en esa inteligencia, los órdenes de gobierno deben encontrarse para ayudarse y nunca para destruirse.
Como decía el profesor Dr German Bidart Campos “roza el derecho de igualdad de todos los justiciables antes la jurisdicción judicial” ya que los ciudadanos de la ciudad no son juzgados si someten sus problemas a una justicia propia de acuerdo a los procedimientos que su legislación dicte y sujeta al control político de su legislatura.
Para culminar, reitera la demora en construir el poder judicial de la ciudad tras “un cuarto de siglo” y desoída la exhortación de la propia CSJN en el caso Corales antes comentado y con una terminología enérgica estableció que “de ahora en más” será el Tribunal Superior de Justicia de la CABA quien conocerá en los conflictos de competencia que se susciten entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en esta Ciudad.-

EL CODIGO ELECTORAL (CECABA) DE LA CIUDAD: OTRO AVANCE HACIA LA AUTONOMIA –PUDO SER MEJOR?
Realmente es un logro institucional fundamental el dictado de un Código Electoral para la Ciudad que establece las reglas por las cuales los porteños elegirán a sus autoridades. Pasaron muchos años desde que en 1996 se dictó el Estatuto Organizativo de la Ciudad o Constitución de la Ciudad en cumplimiento con lo que manda la Constitución Nacional reformada en 1994, que otorgó al Tribunal Superior de Justicia de la CABA como órgano máximo de la organización judicial local, las facultades originarias en materia electoral hasta tanto se dictaran las normas respectivas.
Pasaron más de veinte años para que ello sucediera. Hubo varios proyectos de Código Electoral, de ley de partidos políticos, pero nunca se lograba ese salto para dejar -de una vez por todas- la aplicación directa y total de normas nacionales en el distrito. Quizás en esta oportunidad la existencia de consensos políticos, la opinión de personalidades del derecho y de distintas entidades vinculadas con el desarrollo político institucional lograron una norma, a mi modo de ver, clara y pormenorizada que incluye de manera minuciosa a todas las etapas del proceso electoral. Obviamente que hay también -a mi juicio- aspectos para rever, pero lo más importante es que ese salto del que me referí anteriormente, se pudo dar para iniciar otra etapa de la vida institucional de la Ciudad.-
De todos modos, hay que esperar un año más: el CECABA entrará en vigencia el 1 de enero de 2020 y los órganos administrativos y judiciales deben estar conformados antes el 1 de abril de 2020. La excepción es que ya se encuentra vigente lo concerniente a la convocatoria a elecciones primarias y generales en el distrito, que como sucedió se adhirió a la ley de simultaneidad prevista en la ley 26571.
La idea de este trabajo es hacer notar las novedades y temas básicos importantes del nuevo Código Electoral, desde la perspectiva del ciudadano, cuando ejerce su derecho a elegir y ser elegido. Es un Código moderno que trata de abarcar temas cruciales como la paridad de género, el debate público de candidatos, la adhesión al régimen de simultaneidad de elecciones, el financiamiento de la actividad política, la creación de autoridades administrativas y jurisdiccionales de aplicación, la figura del delegado electoral, de los observadores electorales, la incorporación de tecnologías en el proceso electoral, el otorgamiento de aval a una sola lista, la prohibición de candidaturas múltiples; los requisitos personales y patrimoniales de los precandidatos para obtener su reconocimiento; y por sobre todo con una fuerte dosis republicana de difusión y publicidad de los actos de gobierno.
En todo el proceso electoral, tanto para los ciudadanos, para los partidos políticos y para el propio Estado rigen los siguientes principios: transparencia, publicidad de los datos, el acceso público a la información de calidad, la idea de un gobierno abierto; que las agrupaciones políticas participen en condiciones de igualdad “a otras semejantes” (a mi juicio para rever de que se trata); la igualdad del voto (art 62 CCABA); el principio de autonomía de la Ciudad con facultades propias de legislación y jurisdicción, o sea, de dictar sus leyes y administrar su propia justicia; el principio de paridad de género para garantizar la igualdad real de oportunidades en la política de hombres como de mujeres en todos los cargos públicos electivos. A modo de ejemplo de los principios enumerados y para garantizar la competencia entre las agrupaciones de manera leal y como límite al poder estatal, el CECABA establece que cualquier reforma a las leyes electorales entrarán en vigencia luego de vencido el plazo para la presentación del informe final de evaluación de los comicios correspondiente a las elecciones próximas siguientes a la sanción de dicha norma.
Asimismo, esos principios son reglas a los que los funcionarios y organismos electorales se deben sujetar y son una vara interpretativa en casos de vacío legal y para resolver cuestiones en la materia.
Esa imagen de “gobierno abierto” es receptada en el CECABA a través de la aplicación de las tecnologías informáticas, siendo un gran avance en materia electoral. En efecto, obsérvese que de la simbología de las urnas de madera se dejó paso a las de cartón recién en este milenio como del mismo modo la utilización de medios informáticos tanto para la emisión del voto como para la recopilación de datos electorales (resultados) y ello se logró paulatinamente a partir de la confianza ciudadana, de las experiencias y por sobre todo por lo que transmiten las autoridades competentes. Esa confianza se debe construir desde las instituciones con normas claras, consensuadas y demostrables, caso contrario quedarán en una mera intención.-
DEL CODIGO EN GENERAL: El Código Electoral (de aquí en adelante CECABA) se aplica para las elecciones de Jefe de Gobierno, ViceJefe de Gobierno, Diputados, miembros de Juntas Comunales, Convencionales Constituyentes y para los casos de iniciativa popular, consulta popular, referéndum, revocatoria de mandatos y audiencias públicas. Los candidatos son seleccionados a través de elecciones “primarias” abiertas, simultáneas y obligatorias; por elecciones generales y en “segunda vuelta” cuando no se alcanza la mayoría absoluta de los votos afirmativos emitidos para la fórmula de Jefe y ViceJefe de Gobierno. Se utiliza el mismo padrón para todas las mismas elecciones.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad es quien convoca a las elecciones en el distrito para todos los cargos electivos locales. Se debe tener presente que el Código establece la posibilidad que adhiera a la ley nacional de simultaneidad de comicios con las federales o de celebrar los comicios en una misma fecha con otras provincias “a fin de lograr el establecimiento de una fecha federal común”. Este tema causó innumerables debates que fueron desde lo económico hacia lo político: los costos de más de dos elecciones en el distrito (léase, PASO, elección local y elección federal desdobladas) el arrastre de sufragios que puede lograr un candidato para el distrito o para la Nación, el cansancio electoral que puede ocasionar a la ciudadanía. En verdad, todas las objeciones tienen algo de cierto, pero debe primar la voluntad genuina de los ciudadanos en el momento del sufragio.
Se les garantiza a los habitantes de la Ciudad el pleno ejercicio de sus derechos políticos (art. 62 CCABA) y el secreto de su opción, y en caso de considerar afectada su inmunidad, libertad o seguridad respecto del ejercicio del derecho a sufragar, puede deducir una acción de amparo ante el Tribunal Electoral que deberá hacer cesar de inmediato el impedimento si fuera ilegal o arbitrario.
Salvo en caso de flagrancia, ninguna autoridad puede reducir a prisión a un elector desde las 24 horas antes del acto electoral hasta su clausura salvo el caso de flagrancia o existiera orden de juez competente.
En el marco de los derechos/deberes ciudadanos, todas las funciones del Código Electoral son carga pública irrenunciables.
El CECABA establece que el cuerpo electoral está conformado por quienes son electores: (nativos y por opción) desde los 16 años y los naturalizados a partir de los 18 que tengan domicilio en el distrito. Una novedad es la del empadronamiento automático para migrantes residentes en la Ciudad siempre que cuenten con residencia permanente y DNI válido. La calidad de elector se prueba por su inclusión en el padrón electoral. Con respecto a los extranjeros su inscripción en el registro es voluntaria en la Secretaría Electoral del distrito. Todos los inscriptos en el padrón tienen la obligación de votar, salvo para la consulta popular no vinculante. El único documento habilitante que acredita la identidad es el DNI. En caso que exhibiese un documento anterior al que figura en el padrón no se le admitirá el voto. Las autoridades de mesa y fiscales deben votar en las mesas donde se encentran empadronados
Luego, una distinción apropiada que realiza la ley es la de “exclusión de sanción por no emisión del voto” (art. 19) que es muy distinto a “la no emisión del voto” o “exentos de votar” del CEN como un delito o falta electoral, ya que en el primero de los casos se reconoce esa obligación y que en todo caso se debe justificar su no emisión de sufragio, en cambio en la segunda la exención libera al elector de cualquier trámite posterior para justificar su no voluntad de emitir su sufragio.-
Uno de los puntos controversiales es el registro de electores, pero el Código encontró una solución pacífica en el asunto. En efecto, el art. 17 del Código Electoral Nacional establece que será confeccionado por la Cámara Nacional Electoral y que el Registro Nacional de las Personas remite al Registro de Enrolados la información electoral de todos los ciudadanos del país. En el art. 24 del CECABA aún se depende del Juzgado con competencia electoral en la órbita federal en lo que concierne al registro “nacional” de enrolados. Pero, el TSJCABA debe requerir a la autoridad nacional que provea el Registro de Enrolados del distrito o el Poder Ejecutivo puede celebrar acuerdos para que las autoridades nacionales envíen semestralmente al TSJ las estadísticas de altas (futuros electores) y bajas (cambios de domicilio, fallecidos, inhabilitados). Sin embargo, en un modo de colaboración y reciprocidad federal, los padrones (conf. Art. 30 y 33) son elaborados por el Tribunal Electoral de la Ciudad. Al respecto, debe tenerse en cuenta la posibilidad y las consecuencias que otorgan las leyes 26571 y 15262 por las cuales la CABA podrá adherir al régimen de simultaneidad de elecciones que en cuyo caso, por ejemplo, la no emisión de voto se debe regularizar ante la autoridad nacional. Por ello, es necesaria una coexistencia de tareas, de un diálogo entre nación y provincias con el objetivo que el pueblo elija a sus representantes de manera trasparente e informada y por sobre todo eliminando la duplicidad de tareas entre órganos electorales que deriva en costos innecesarios y ciertas dudas sobre quién debe dar la información.
Los padrones son provisorios y definitivos y son elaborados por el Tribunal Electoral con los datos del Registro Nacional de Electores del distrito. Los primeros se instrumentan solamente en formato digital y se entregan a las agrupaciones políticas y se da a conocer para que los electores efectúen las correcciones o eliminaciones (fallecidos o doble registro) pertinentes mediante información sumaria y en caso de un elector impugnado se realizará una audiencia y el Tribunal Electoral resolverá.
Un tema para repensar es el de la intervención del Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad en el trámite de sustanciación de los electores impugnados, cuando en verdad por la especificidad de la materia y la periodicidad de los actos electorales hace necesaria la figura de un Fiscal Electoral.-
Las mesas electorales estarán conformadas con hasta 350 electores inscriptos agrupados por orden alfabético
En cuanto a los establecimientos de votación podrán ser dependencias oficiales, entidades de bien público, salas de espectáculos u otros que reúnan condiciones indispensables.-
Cada mesa electoral contará con tres autoridades: un presidente y dos auxiliares que serán electores seleccionados por la Agencia de Gestión Electoral a través de un programa aleatorio teniendo en cuenta su nivel de instrucción y edad. Además se prevé la creación de un registro de postulantes a autoridad de mesa que deben realizar y aprobar un curso teórico practico obligatorio.
Las autoridades de mesa deben estar presentes durante todo el desarrollo de los comicios y sus obligaciones se encuentran enumeradas en el art 203 del CECABA. Las autoridades de mesa tienen el derecho de percibir una suma fija en pesos en concepto de viáticos. Los reemplazos de las autoridades de mesa el día de los comicios los realiza el delegado judicial. Si en la mesa hay un auxiliar éste ocupará el cargo de presidente o de no presentarse ningún auxiliar puede ser designado de otra mesa del mismo establecimiento. Por último, en caso de ausencia total de autoridades de mesa, el delegado electoral comunicará tal circunstancia al Tribunal Electoral para designar un Presidente de mesa.
FECHA Y CONVOCATORIA A ELECCIONES
Las convoca el Jefe de Gobierno para todos los actos electorales con una anticipación de 120 días corridos para la celebración de las primarias y de la misma manera pero con 180 días para las elecciones generales. Los comicios se celebran con una antelación no menor de 45 días corridos previos a la finalización del mandato de las autoridades salientes ni mayor a 225 días de dicha fecha.
DEBATE PÚBLICO
En el marco de derecho a la información y del conocimiento informado del electorado, el CECABA califica como “un bien público” que los candidatos a Jefe de Gobierno y a miembros de Juntas Comunales expresen públicamente sus propuestas y programas de gobierno. Para ello, el debate público se guía por los principios de pluralismo, trabajo cooperativo, compromiso cívico, acceso a la información, igualdad, rendición de cuentas y transparencia.
En caso de segunda vuelta, también se debe realizar un nuevo debate con los candidatos a jefe de gobierno de las dos fórmulas más votadas y para los miembros de juntas comunales se realizará un debate en su respectiva sección o comuna.
La organización estará a cargo de la Agencia de Gestión Electoral, el Consejo Consultivo de Participación Cívico Electoral y el Consejo Consultivo de Partidos Políticos.
Estos nuevos organismos que se crean tienen funciones de auditoría, a saber:
-Consejo Consultivo de Partidos Políticos del que podrán participar aquellas agrupaciones que dispongan de personería jurídica en el distrito, en la organización del debate público, en las auditorias previstas por el Código y solicitar informes sobre el desarrollo y transparencia de los procesos electorales.
-El Consejo Consultivo de Participación Cívico-Electoral, conformado por Universidades públicas y privadas con asiento en la Ciudad, la Defensoría del Pueblo porteña y Organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, apartidarías, que aborden temas electorales y/o sobre el funcionamiento de los partidos políticos.
El debate será producido y transmitido en directo por todos los medios audiovisuales y digitales de la Ciudad, públicos y privados que deseen transmitirlo de manera simultánea, libre y gratuita.
Durante el debate se suspende toda publicidad oficial.

PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTANEAS Y OBLIGATORIAS (PASO)
El CENCABA prevé que todas las agrupaciones que intervienen en las elecciones de autoridades locales deben seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos (con excepción del Vice Jefe de Gobierno) a través de elecciones primarias abiertas simultaneas y obligatorias. Agrega que esa elección es en un solo acto comicial con voto secreto y obligatorio.
Luego, establece criterios para designar a los precandidatos de cada agrupación política: no pueden serlo aquellos que se encuentren con procesamiento firme por la comisión de delito de lesa humanidad o haber actuado en contra de las instituciones democráticas (art. 36 CN); se debe respetar la paridad de género en la que no se podrá incluir a dos personas de un mismo género en orden consecutivo; las precandidaturas a Jefe de Gobierno y Diputados deben reunir la cantidad de al menos 1000 adhesiones de electores empadronados de los cuales un 10% deben ser afiliados al partido político y para miembros de las Juntas Comunales deben presentar la cantidad de adhesiones no inferior al dos por mil del total de los empadronados y un 10% deben ser afiliados al partido político. Los electores solo pueden avalar a una sola lista. Los precandidatos solo pueden hacerlo en una sola agrupación política y para una sola categoría de cargos electivos.
Las listas de precandidatos se registrarán ante la Junta Electoral de la agrupación política y luego deberán presentarse ante la Agencia de Gestión Electoral. Los datos confidenciales de los candidatos (art. 90 CECABA) solo puede ser revelada a requerimiento judicial competente.-
Posteriormente, la Junta Electoral partidaria verificará las condiciones que deben reunir los precandidatos y si hay o no impugnación a alguno de ellos, dicta resolución y la notifica a todas las listas presentadas. Tal puede ser sometida a los recursos de revocatoria y apelación ante el Tribunal Electoral que debe expedirse dentro de las 72 horas. Dichos remedios tendrán efecto suspensivo para el caso que se rechace la oficialización de las listas.-
Una vez oficializada y firme la resolución de la Junta Electoral partidaria, se comunica al Tribunal Electoral que verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y dicta resolución dentro de las 48 horas oficializando las listas de cada agrupación.
La elección del candidato a Jefe de Gobierno se realiza en forma directa y a simple pluralidad de sufragios, en cambio para la conformación de la lista de diputados y miembros de la Junta Comunal se realiza conforme al sistema D’Hont. En caso que no se respetara el sistema de distribución de candidatos (ej: paridad de género), la Junta Electoral partidaria procederá a ordenarla desplazando a los candidatos que no cumplan con el requisito y la integrará con los candidatos que siguen.
Una vez electo el Jefe de Gobierno, dentro de las 48 horas deberá proponer a la autoridad partidaria el candidato a ViceJefe que lo acompañará en la elección general, que no podrá ser aquel que haya participado en las elecciones primarias de otras agrupaciones políticas.
ELECCIONES GENERALES
Ahora ya pasando a lo que se refiere a las elecciones generales, para participar de ellas solo lo harán aquellas agrupaciones que hayan obtenido para jefe de gobierno, diputados y miembros de la Junta Comunal como mínimo un total de votos igual o superior al 1,5% de los votos afirmativos (válidamente emitidos) considerando los de todas sus listas de precandidatos y deben configurarse (para diputados y juntas comunales) desde el primer candidato y hasta el último suplente de manera intercalada entre los géneros, de modo tal que no haya dos del mismo en forma consecutiva.
El pedido de oficialización de listas se realizará ente el Tribunal Electoral y dentro de las 48 hs de su presentación, dictará resolución la que es apelable ante el Tribunal Superior de Justicia. Al respecto, un punto importante para señalar es el que no se admitirá la participación de un mismo candidato en forma simultánea en más de una categoría como tampoco se autorizará la coexistencia de listas aunque sean idénticas entre las alianzas y partidos que las componen.-
Ahora bien, en caso que algún candidato no reúna las calidades necesarias se correrá de oficio el orden de la lista y el lugar del último titular se completará con el primer suplente y el partido político o alianza podrá registrar a otro suplente del mismo género en el último lugar vacante producto del corrimiento.
Luego el CECABA establece, a mi modo para rever, para los casos de fallecimiento, renuncia o impedimento del precandidato o candidato a Jefe de Gobierno será reemplazado por el precandidato a Diputado titular en primer término de la misma lista, en cambio para la imposibilidad del candidato a ViceJefe de Gobierno, la agrupación política deberá cubrir la vacancia en el término de tres días y en el caso de los pre y candidatos a diputados y miembros de la Junta Comunal se cubre siguiendo el orden de la lista respetando las disposición acerca de la paridad de género. Considero que la posibilidad de corrimiento de lista solo es posible cuando la lista de candidatos se encuentra oficializada, es decir, cuando los propuestos pasan a ser “candidatos” y mientras sean “precandidatos” (aun no oficializados) la posibilidad de reemplazo le corresponde a la agrupación partidaria.
En lo que respecta a las boletas electorales que se utilizarán en el proceso electrónico de votación que diseñará la Agencia de Gestión Electoral, no podrán ser confeccionadas ni impresas por las agrupaciones políticas.
DE LOS VOTOS-ESCRUTINIO
El CECABA los clasifica en: votos de identidad impugnada (la autoridad de mesa o fiscal partidario cuestiona la identidad de un elector); votos válidos (los afirmativos y los “en blanco”); votos nulos (art. 234); votos recurridos (cuya validez o nulidad es cuestionada por los fiscales de mesa y es analizado por el Tribunal Electoral). El CECABA incorpora la categoría de “Observados” que incluyen a los emitidos mediante boleta no oficializada, o por boleta oficializada sin registro impreso de la voluntad del elector, boleta ilegible, boleta que presente roturas o escrituras a mano y por boleta que no pueda ser contabilizada electrónicamente o al serlo se verifique una discrepancia entre la opción asentada en el papel y la que arroja la versión electrónica.-
En el acta de escrutinio, estos tipos de sufragio tendrán un lugar diferenciado para consignar el guarismo correspondiente. El Tribunal Electoral decide acerca de su validez o nulidad.-
En el ámbito de la Agencia de Gestión Electoral funcionará el Centro de Recepción, Totalización y Difusión de Resultados Provisorios que recibirá los resultados consignados en el Certificado de Transmisión enviados por el Delegado Judicial con la presencia de las autoridades de mesa y fiscales generales.
Los resultados parciales del escrutinio provisorio podrán difundirse a partir de transcurridas tres horas de la finalización de los comicios. Luego de las 48 hs siguientes a la elección, el Tribunal Electoral recibirá los reclamos de los electores y de las agrupaciones políticas. Vencido ese plazo, el Tribunal Electoral efectúa el escrutinio definitivo que se ajustará a la verificación de las actas de escrutinio de cada mesa electoral ya que lo tendrá por válido mientras se refiera a votos no sometidos a su consideración.
Luego el Tribunal Electoral distribuirá los cargos y proclamará a los electos
DEL CONTROL, OBSERVACION, REPRESENTACION ELECTORAL Y SEGURIDAD DE LOS COMICIOS
Cada entidad política que hubiese oficializado listas de candidatos deberá designar un apoderado general y uno suplente para representarla ante la Agencia de Gestión Electoral. Los fiscales partidarios controlarán la organización, desarrollo del proceso, auditan las tecnologías incorporadas y realizan los reclamos pertinentes.-
Además, podrán designar fiscales de mesa, fiscales generales (actúan en el local de comicio y pueden actuar simultáneamente con el fiscal de mesa), fiscales informáticos (auditoría, pruebas del sistema, durante el escrutinio provisorio) y fiscales de escrutinio que presencian las operaciones del escrutinio definitivo. Concretamente se veda la posibilidad de actuación simultáneade más de un fiscal por agrupación por mesa, pero se admite la actuación alternada dejando debida constancia de ello.
Realmente, es innovador el planteo del control y observación electoral por parte de personas jurídicas públicas como la Defensoría del Pueblo y de organizaciones civiles sin fines de lucro nacionales e internacionales, para ejercer acciones de veeduría y control sobre los actos del poder público, con la obligación de presentar un informe de observación. Dentro de los organismos de control y participación, el CECABA prevé la creación de un Consejo Consultivo de Partidos Políticos integrado por los partidos con personería jurídico política definitiva en el distrito. Los partidos interesados en participar designarán dos delegados en su representación para participar en las instancias del debate público, en las auditorías y emitir un informe no vinculante relacionado con el desarrollo y transparencia de los procesos electorales.
Por otra parte, también se estableció la creación de un Consejo Consultivo de Participación Cívico Electoral integrado por Universidades, Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles sin fines de lucro cuyo objeto sea el estudio de la materia político electoral. Designarán un delegado en su representación. Tendrá intervención en las auditorías y también emitir informes no vinculantes respecto de los procesos electorales y la modificación de la normativa electoral vigente.
Tanto el Consejo partidario como el cívico electoral emiten informes no vinculantes y siempre a requerimiento de los poderes del estado y sus integrantes se desempeñan “ad honorem”.
Se prevé expresamente la figura del delegado judicial que son aquellas personas que trabajan en el Poder Judicial, a excepción de los jueces, en organismo de control, o en su defecto, abogados o licenciados en ciencias sociales o de informática que actúan el día de los comicios como enlace entre el Tribunal Electoral y las autoridades de mesa, fiscales partidarios; reciben el día anterior de la elección el materia electoral, reciben del presidente de mesa la urna cerrada y los certificados, envían el certificado de transmisión de datos (art. 180CECABA)
También se asignará un coordinador técnico por establecimiento de votación para brindar asistencia técnica en todo lo concerniente a la tecnología utilizada (art. 184)
Las fuerzas de seguridad brindarán toda la protección necesaria para el normal desenvolvimiento del evento electoral. Las fuerzas de seguridad se encontrarán a disposición de los delegados judiciales designados en cada lugar de votación.
INCORPORACION DE TECNOLOGIAS AL PROCESO ELECTORAL
Este tema es de preocupación tanto para las agrupaciones políticas como por la ciudadanía porque requiere de un cambio cultural electoral muy importante. Como en su momento expresé, en nuestra identidad electoral se pasó de la tradicional urna de madera que representaba (símbolo) seguridad por su material y por su diseño hermético (salvo la tapa superior y la ranura para la emisión del voto) por la urna de cartón y tuvieron que celebrarse varias elecciones para demostrar que con esa modalidad “de material” era posible desde facilitar el transporte el almacenamiento y hasta la seguridad.
Desde el punto de vista del ciudadano, también el sistema que se adopte debe ofrecerle seguridades al momento de exhibirle las opciones, en su opción y en el conocimiento (no abstracto) acerca de “a dónde va su voto”, es decir, en la emisión del voto, en el escrutinio y en la transmisión de los datos. Si bien el CECABA trata de prever todas las situaciones, la deuda es “cómo” y eso solamente se logra con capacitación ciudadana y con el ejercicio del derecho al sufragio. De todas maneras, el CECABA prevé y ya establece un lineamiento en cuanto a que el sistema electrónico de votación al menos debe permitir al elector imprimir su selección digital en una “boleta” que sirve de verificación y para la contabilidad de los votos.-
La tecnología podrá ser incorporada en los siguientes segmentos del proceso electoral: en la producción y actualización del registro de electores, en la oficialización de candidaturas, en la capacitación e información, en la identificación del elector, en la emisión del sufragio, en el escrutinio de votos y en la transmisión y totalización de resultados electorales.
Luego enumera los principios aplicables a la incorporación de tecnologías, es decir, que cualquier sistema debe ser auditable (hardware, software, códigos fuente); confiable, documentado, eficiente, equitativo, escalable, estándar, evolucionable, integro, interoperable, recuperable y seguro (ej: en la transmisión de datos del escrutinio provisorio en la mesa electoral).
A su vez, la tecnología aplicable en la emisión del voto debe garantizar la accesibilidad, debe ser simple, con la capacitación en el lugar de emisión, comprobable físicamente, es decir, la obtención de un comprobante papel; confiable y, sobretodo, que resguarde la privacidad del voto.
Ahora bien, con respecto a estos cánones, el CECABA establece una serie de pruebas y auditorías durante un periodo de hasta treinta días antes de la efectiva implementación. Es importante el rol de control que le otorga el CECABA a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil, universidades y a los ciudadanos, para luego con todas las consideraciones realizar un informe general de conclusiones. También resulta importante la auditoría y control durante los comicios por parte de la Agencia de Gestión Electoral, los fiscales informáticos partidarios y los observadores electorales acreditados.
Un aspecto interesante introducido en la norma electoral de la ciudad es el modo de realización del escrutinio definitivo por parte del Tribunal Electoral ya que se realiza por lo comúnmente llamado “muestreo” de un 5% de las mesas receptoras de votos de cada sección electoral. Esas “mesas” seleccionadas por sorteo se abrirán y se realizará un conteo manual de los votos en papel. De ello se infiere entonces que el elector siempre emitirá su voto en papel o en algún elemento tangible como sucedió en la CABA a través de la Boleta única Electrónica. Se cotejarán los resultados manuales con los del escrutinio electrónico y en caso de diferencias en los guarismos no atribuibles a errores de las autoridades de mesa, el Tribunal Electoral practicará el escrutinio manual de todas las urnas de la sección.

DE LAS PROHIBICIONES DURANTE EL DÍA DEL COMICIO (art. 208 CECABA)
Entre otras, la realización de espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de su finalización; los actos públicos de proselitismo, publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes del inicio del comicio y hasta su culminación; el expendio de bebidas alcohólicas durante el día del comicio y transcurridas tres horas de su cierre; publicar o difundir encuentras o proyecciones sobre los resultados electorales hasta pasadas tres horas después de su cierre.

FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
En este aspecto, el CECABA prevé minuciosamente un control de los aportes públicos y privados a las agrupaciones que participan en la elección, porque los partidos políticos son los destinatarios de los fondos públicos y se debe explicar en el marco del “conocimiento informado” qué se hace con ellos.
Define a la campaña política a toda propaganda y actividad que realicen las agrupaciones políticas, precandidatos y candidatos a cargos públicos electivos con el objeto de captar la voluntad política del electorado.
Se dispone la creación de un Registro de Proveedores de Campaña donde deben inscribirse las personas físicas y jurídicas que tienen interés de proveer servicios y/o bienes, útiles o muebles para el desarrollo de las campañas electorales. Se incluyen a las empresas de encuestas y sondeos.
Por otra parte, las agrupaciones políticas que presenten precandidatos o candidaturas a cargos públicos electivos deberán designar un responsable económico financiero de campaña que debe ser un contador matriculado.
Los fondos destinados a financiar la campaña electoral deberán depositarse en una cuenta corriente única que se abrirá en un banco que opere en la CABA y será también el medio obligatorio para la cancelación de deudas y toda transacción vinculada con la campaña electoral.
Refiere en este capítulo a las denominadas “unidades electorales” que serán equivalentes al monto de las unidades fijas que resulten de lo establecido anualmente en el Presupuesto General para el ejercicio en que se apliquen.
En el caso de las elecciones de Jefe de Gobierno se debe establecer una partida específica para el financiamiento de los debates electorales y la segunda vuelta electoral.
En lo que atañe al financiamiento público, la CABA destina el equivalente a 1,70 unidades electorales por cada elector empadronado para votar en esa elección y para cada categoría. Se distribuye entre las agrupaciones que oficialicen candidaturas en elecciones generales (no las PASO) de la siguiente manera: 50% del monto asignado por el presupuesto en forma igualitaria y el otro 50% según los votos obtenidos en la elección anterior primaria de Diputados. También reconoce a las agrupaciones políticas que no tengan referencia electoral anterior que recibirán solo el 50% del monto asignado por presupuesto.
De todos modos, el CECABA establece que les corresponderá el aporte a las agrupaciones que hayan obtenido el piso del 1% del número de sufragios válidamente emitidos en la elección anterior primaria de diputados.
En cuanto a los aportes públicos en las elecciones primarias, la Ciudad contribuye también al financiamiento de la campaña electoral en un 50% del aporte que le corresponda recibir a cada partido para las elecciones generales. Para la segunda vuelta, el aporte público es de 1 unidad electoral por cada elector empadronado y destinado solo a las dos fórmulas que compiten: 50% del monto asignado por el presupuesto en forma igualitaria y el otro 50% en proporción a la cantidad de votos obtenidos en la primera vuelta.
En caso de remanente de fondos públicos, deberá ser destinado a actividades de capacitación política y orientadas a la juventud y a la paridad de género.
Ahora el aporte privado tiene sus bemoles. Es toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona física o jurídica efectúe a un partido político para financiar gastos electorales. Cuál es el límite? Nunca podrán recibir recursos que superen el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña y el monto de financiamiento público directo.
Los aportantes individuales privados no podrán aportar montos mayores al 5% de la ganancia neta declarada en el ejercicio fiscal anterior y no pueden superar las 100 unidades electorales. Las contribuciones o donaciones que realicen personas jurídicas no podrán ser superiores al 8% del límite total de aportes privados que le son permitidos, en cambio para los aportantes físicos no podrá ser superiores al 5% del límite mencionado.
Los aportes directos de las personas físicas deben realizarse via transferencia bancaria, cheque, internet o cualquier otro medio que permita identificar al aportante. Los aportes indirectos, es decir, aquellos destinados a consultoría, transporte, alquiler de locales, etc, deben realizarse a través del Registro de Proveedores de Campaña.
Está terminantemente prohibido que las agrupaciones políticas reciban contribuciones o donaciones anónimas, o de empresas o entidades públicas, de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar, de entidades públicas extranjeras, de organizaciones son fines de lucro, sindicales, patronales y profesionales, entre otras (art. 297)
A su vez, el CECABA luego aborda el tema de los “gastos de campaña” que son todas las erogaciones valuables en dinero realizado por una agrupación política o por un pre o candidato a propósito de actos electorales, entre los que se encuentran (art. 298): publicidad electoral, encuestas o sondeos de opinión, arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de campaña; contratación de personas que presten servicios a las candidaturas; viáticos de los candidatos y cualquier otro gasto que no se relaciones con el funcionamiento del partido.
Cuál es el límite de gastos? Es el de 1,4 unidades electorales por cada elector empadronado. Los gastos para las elecciones primarias no puede superar el 50% del límite de gastos de campaña para las elecciones generales y para la segunda vuelta la suma equivalente a 1,3 unidades electorales por elector habilitado.
El control de los gastos y de aportes a las entidades políticas también es ejercido por la Auditoría General de la CABA que tendrá una unidad especializada para ello y por el Tribunal Electoral. La Auditoría tendrá amplias facultades para requerir a cualquier organismo público o privado los datos necesarios para ejercer sus funciones de control, con la salvedad de aquellos que requieran de autorización judicial.
Luego el CECABA prevé la obligación por parte de las agrupaciones políticas de presentar informes de ingresos y egresos patrimoniales previos a los comicios (10 días antes) y una vez finalizados (60 días después). Estos informes pueden ser observados por la Auditoria General o por el Fiscal Adjunto y en su caso el TSJCABA debe resolver la incidencia y si correspondiere aplicar las sanciones que en CECABA establece.

VIOLACIONES A LA LEY ELECTORAL (art, 361 a 374)
El CECABA dispone que el competente para entender en las contravenciones y delitos electorales es el TSJCABA y que se aplicará el Código Contravencional y de Faltas. Otro aspecto a mi juicio revisable.
Luego fija las sanciones para los casos de: no emisión de voto, desconocimiento de la carga pública; difusión indebida, conductas impropias (se refieren a la violación del secreto del sufragio o revelar su voto al momento de la emisión), apertura de locales partidarios y a los observadores electorales.
También para aquellos casos en que las agrupaciones políticas superen los límites establecidos para gastos de campaña, o que reciban donaciones o aportes en violación a los arts 291 y sig del CECABA, no reintegren los aportes remanentes o recibir o depositar fondos en cuentas distintas a las que el CECABA fija.
PUBLICIDAD
La publicidad incluye aquella contratada por las agrupaciones políticas y la asignada en los medios de la CABA. Los partidos políticos podrán realizar actividades para difundir sus principios ideológicos a su cuenta y orden, siempre que no impliquen la utilización de espacios y/o contratación en prensa escrita, radio, internet, TV fuera del plazo de 30 días anteriores a la elección y hasta 48 hs. antes de los comicios.
Quedan prohibidos los gastos de campaña por cuenta de terceros. Ninguna agrupación podrá adquirir más del 10% de los espacios preferenciales de publicidad de un medio de comunicación.
Ahora bien, desde 48 horas antes de las elecciones y hasta el cierre de los comicios queda prohibida la difusión de la publicidad electoral, opiniones, etc. o cualquier otra manera que induzca a los electores sobre una determinada preferencia electoral. Además, 48 horas antes de la elección y transcurridas 3 horas de finalización de la elección queda prohibida la difusión de los resultados de encuestas electorales Lo llamativo es que en caso de transgresión a la norma, el Tribunal Electoral dispondrá lo necesario para su cese, pero si no lo logra, envía los antecedentes a conocimiento del TSJCABA para que aplique la sanción correspondiente.
Se debe asegurar la rotación en todos los horarios y al menos dos veces por semana de la asignación del horario central en los servicios de comunicación audiovisual.
Es obligatorio para las agrupaciones el subtitulado de los mensajes que se transmiten en los espacios televisivos.
También precisa a que se refiere la publicidad oficial: todo acto de propaganda efectuado por cualquier dependencia de la administración pública de la CABA a través de un espacio publicitario gratuito o contratado. Por su parte se prohíben los actos proselitistas, los actos públicos inaugurales, la aparición de funcionarios públicos en avisos gubernamentales y la publicidad o propaganda institucional del Estado en todos los niveles del gobierno, durante los 30 días anteriores a la elección, a excepción de: informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de obras, vías, etc; en situaciones de emergencia que pongan en riesgo la salud o la seguridad de la población, cuando se requiera informar sobre campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio de clases, seguridad ciudadana. Queda también prohibida la publicidad oficial que implique la difusión de mensajes que contengan la imagen, la voz y/o el nombre de personas que sean pre o candidatos. Tampoco podrán participar oficialmente en eventos de inauguración de obras financiadas con fondos públicos aquellos funcionarios públicos que sean pre o candidatos, a excepción de aquellos de representación propios al ejercicio de sus funciones.-

REGIMEN PROCESAL ELECTORAL
Las acciones que prevé el CECABA pueden ser deducidas por cualquier persona física con domicilio en la CABA y que tenga un interés legítimo o un derecho subjetivo; los partidos políticos reconocidos en la CABA; los afiliados a los partidos políticos reconocidos una vez agotada la instancia partidaria; el Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, la Defensoría del Pueblo de la CABA y todas las organizaciones civiles que tenga como objeto la defensa de los derechos políticos.
Las presentaciones ante el Tribunal Electoral se realizan con patrocinio letrado. El trámite es sumarísimo, se da traslado por cinco (5) días a la parte contraria y al Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario. El Tribunal Electoral puede rechazar in limine la demanda si la considera manifiestamente improcedente. Esa decisión es apelable. La prueba ofrecida se produce en audiencia, caso contrario el Tribunal directamente dictará sentencia. Las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral sobre las pruebas son inapelables. Los únicos medios de prueba admitidos son la documental, informativa y testimonial. Las partes pueden efectuar su alegato en la audiencia de producción de pruebas. No se pueden ofrecer más de tres testigos por parte. Con la contestación de la demanda se pueden interponer excepciones de previo y especial pronunciamiento, ofreciendo la prueba respectiva (art. 385).
Las resoluciones del Tribunal Electoral serán apelables en el término de tres días ante el TSJCABA y se concede en relación y con efecto no suspensivo. Todos los plazos son de tres días y en caso que se denegare el recurso se puede interponer recurso de queja. La ley veda la posibilidad de recusar a los magistrados de los organismos electorales sin expresión de causa. Los términos antes aludidos son en días hábiles judiciales y pueden ser abreviados en resguardo de los derechos electorales.

ORGANISMOS ELECTORALES
El tema de ¿Quién hace las elecciones? o ¿de quién dependen los padrones? O ¿quién brinda los resultados? son cruciales en el marco de la transparencia de todo el proceso electoral.
En el ámbito nacional, en lo que concierne a los temas administrativos electorales es llevado a cabo por la Dirección Nacional Electoral que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Ahora pasando a la órbita jurisdiccional, se cuenta con un Juez Electoral, un Fiscal Electoral, una Junta Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral, como máxima autoridad ordinaria nacional en la materia.
Ahora bien, en la CABA tendremos la Agencia de Gestión Electoral (AGE), que es la Dirección Nacional Electoral antes referida pero con muchas más atribuciones de índole administrativas; el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Tribunal Electoral (TE), similar a la Junta Nacional Electoral, estos dos últimos con facultades jurisdiccionales. El Tribunal Electoral estará compuesto por el Juez Electoral de la CABA y por los Jueces de los Juzgados nro 1 de los fueros Penal Contravencional y de Faltas y del Contencioso Administrativo y Tributario. Además, se crea una Secretaría Electoral con carácter permanente en la órbita del Tribunal Electoral.
Funciones AGE (proceso voluntario-administrativo)
La CABA es el primer distrito en sumar un organismo electoral administrativo profesional e independiente.
Organiza y administra el proceso electoral; distribuye el aporte público de financiamiento de las campañas electorales; propone al TE los lugares de votación y mesas de votación, propone al TE las autoridades de mesa; elabora los instructivos del comicio; entiende en la auditoria, prueba y control de tecnologías electrónicas incorporadas en la emisión de sufragio, escrutinio, transmisión y totalización de resultados; administra y actualiza el registro de postulantes a autoridades de mesa, capacita a las autoridades de mesa, entiende en las excusaciones de los designados como autoridad de mesa; provee de material electoral a las autoridades de mesa (art. 152 CECABA) aprueba la incorporación de tecnologías; diseña y aprueba las boletas en el procedimiento electrónico; organiza el debate público de los candidatos; organiza las tareas de observatorio electoral, organiza el escrutinio provisorio, la recolección, procesamiento y difusión del escrutinio provisorio; publica padrones definitivos; imprime y distribuye el padrón y copias digitales del mismo; entrega el padrón a cada comuna y a las agrupaciones políticas, a los establecimientos penitenciarios donde se celebren elecciones, asigna colores a las agrupaciones políticas para su identificación y en caso de no haberse solicitado el color blanco es el que iguala; elabora los modelos uniformes de actas y certificados de escrutinio, elabora el protocolo de acción para el día del comicio que debe incluir las pruebas de los dispositivos electrónicos de votación, la cadena de custodia del software, de las boletas, un plan de contingencia en caso de producirse algún inconveniente, determina la cantidad de fiscales informáticos, se acreditan ante ella los sujetos observadores de los comicios, otorga espacios gratuitos en las pantallas de la vía pública, en medios de comunicación, audiovisuales y digitales públicos de la Ciudad entre otras.
Como se podrá apreciar muchas funciones son propias y otras son delegadas en cuanto a que se limitan a proponer al TE para que éste en definitiva resuelva. A mi modo de ver, la AGE tiene un amplio abanico de funciones administrativas que deben ser coordinadas con el TE y con el Juzgado Electoral de la CABA (art. 2 Ley Electoral), como por ejemplo en la incorporación de tecnologías y en la organización del escrutinio provisorio.
El Instituto de Gestión Electoral será desempeñado por un Director elegido a propuesta del PECABA con acuerdo de la Legislatura y dura 5 años en sus funciones con posibilidad de una reelección en el periodo inmediato. Si bien se crea la figura del Director Adjunto, considero que por la variedad de facultades otorgadas hubiera sido acertada una composición de tres miembros.
Las decisiones definitivas de la Agencia de Gestión Electoral son recurribles ante el TE, en el marco del periodo electoral y fuera de él, ante el Juez Electoral.-

FUNCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL: funciona de manera permanente. Dirime conflictos en materia electoral, requiere la nómina de electores privados de la libertad para la confección del padrón respectivo, amparo electoral (art, 21); padrones provisorios confeccionados con los datos del Registro nacional de electores del distrito (art. 30): solo se brindan en soporte informático; reclamos de electores al padrón provisorio: se agrega la posibilidad de que cualquier elector invocando un interés legítimo pueda pedir que se eliminen o tachen del padrón a electores fallecidos y los inscriptos más de una vez por lo que dicta resolución al respecto; publica el padrón definitiva en el sitio web oficial; el personal de seguridad afectado a los comicios será comunicado al Tribunal Electoral e incorporado al padrón siempre que por su domicilio le corresponda votar en la misma sección electoral; efectúa el escrutinio definitivo de las elecciones primarias y comunica los resultados a la Agencia de Gestión Electoral; oficializa las listas de candidatos; realiza la auditoria del sistema informático utilizado 48 hs siguientes a la elección y previo al escrutinio definitivo; designa autoridades de mesa; los delegados electorales entenderán en las prohibiciones de conductas durante el día de comicio; entiende sobre la validez o nulidad de los votos recurridos, observados e impugnados, revisa el registro de aportes privados a las entidades políticas y eleva al TSJCABA los casos de incumplimiento para imponer las sanciones correspondientes, entre otras (art. 25)
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: Determina inhabilitaciones del art. 16 del CECABA siguiendo el procedimiento Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA y las rehabilitaciones; requiere a la autoridad nacional el Registro Nacional de Electores del distrito (padrón); estadísticas proporcionadas por la autoridad nacional competente acerca de las altas, bajas y modificaciones al padrón. Conoce en grado de apelación de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral (ej: oficialización de listas de candidatos)
JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL: Padrón confeccionado por la Justicia Nacional Electoral o transmite las novedades del registro de enrolados
SECRETARIA ELECTORAL (En la órbita del Tribunal Electoral): Registro de Electores extranjeros y de electores extranjeros residentes (art. 26); Registro de infractores al deber de votar; Suscribe el padrón de la mesa electoral; Registro de delegados judiciales.
Para finalizar, entiendo que el CECABA adoptó en su texto cuestiones prácticas que sucedieron en diversos actos electorales, sumado al control, innovación tecnológica y difusión de los actos de gobierno como basamento de la transparencia en la gestión pública. Sin embargo hay temas para plantear como la especificidad del fuero electoral, el dictado de un código procesal electoral, de una ley de partidos políticos; la figura del fiscal electoral; si la CABA es provincia entonces qué rol tiene la Cámara Nacional Electoral; el trámite de control de gastos de campaña y de aportes privados; de las sanciones electorales; enumerar las causas por las cuales las elecciones de la Ciudad se desarrollan simultáneamente con las nacionales. Son cuestiones de tiempo y de ejercicio democrático, pero el camino señalado con este Código es el correcto.-

Dr. Gustavo A. González Hardoy