La modificación del artículo 219 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA.

Mediante la sanción de la ley n° 5931 se modificó el artículo 219 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, situación que ha generado ciertas dudas respecto a su interpretación y aplicación.

En su redacción original, el artículo 219 del  código foral, inspirado en el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, establecía que “El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario”.

El monto al que hacía referencia el artículo transcripto fue fijado originariamente por el Consejo de la Magistratura de la CABA en $5.000 (cfme. resolución 149/CMCABA/99), y a lo largo de los años fue objeto de incrementos, el último de los cuales alcanzó la cifra de $90.000 (de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 18/CMCABA/2017).

La modificación de la ley 189. ¿Restricción a la tutela judicial efectiva?

La situación previamente descripta se vio modificada con la sanción de la ley n° 5931 que reemplazó el último párrafo del artículo sub examine por el siguiente: “Cuando el valor cuestionado en el proceso no exceda de la suma de diez mil (10.000) unidades fijas y mientras no estén en tela de juicio prestaciones alimentarias, la apelación ante la Cámara estará sujeta a los mismos recaudos y límites que el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia”.

Desde una primera aproximación, puede afirmarse que la apelación será prima facie improcedente si el valor cuestionado en el proceso no excede de la suma de diez mil (10.000) unidades fijas, las cuales son establecidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA y cuyo valor es equivalente a medio litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (Sede Central) semestralmente (cfme. art. 20 de la ley n° 451). Actualmente, la unidad fija asciende a $13 (a tenor de lo dispuesto mediante resolución n° 130/MJYSGC/2018).

Ello impone concluir que con el cambio normativo se ha restringido aún más el acceso a la doble instancia en los juicios ordinarios que tramitan en el fuero.

Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido respecto de la convencionalidad de dicha limitación [1], estimo procedente hacer una pequeña digresión al respecto.

Sabido es que los derechos contenidos en los pactos internacionales incorporados al texto constitucional en el inciso 22 del artículo 75 de la norma fundamental a partir de la reforma del año 1994, se erigen como un mínimo que deben garantizar los Estados partes, lo que implica que debe tenderse a la ampliación de aquéllos por aplicación del principio de progresividad.

En esta línea, y teniendo en cuenta que la propia Corte Suprema ha afirmado que la Convención Americana de Derechos Humanos “… ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, ‘en las condiciones de su vigencia’, esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación[2], cabe mencionar que si bien el apartado h del inciso 2 del artículo 8 de la CADH garantiza el derecho a la doble instancia exclusivamente en el proceso penal [3], no se advierten óbices para que dicha garantía se extienda al resto de los procesos, tal y como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En efecto, dicho Tribunal entendió que “[e]n materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal[4], para luego especificar que “el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden ‘civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes[5].

Algunas dudas a partir de la nueva redacción del artículo 219

Más allá de la opinión que merezca la convencionalidad de la norma a partir de los antecedentes citados, existen otras cuestiones que generan interrogantes luego  de la modificación legislativa en estudio.

Una lectura integral del código de forma arroja que la apelación se encuentra contenida en distintos artículos y puede ser interpuesta frente a diversas situaciones o en aras de salvaguardar diferentes derechos.

Así, el artículo 220 regla que “Toda regulación de honorarios es apelable”, situación que no se habría visto modificada con la nueva redacción del artículo 219, máxime cuando específicamente se dispone que la limitación resulta aplicable “… mientras no estén en tela de juicio prestaciones alimentarias” y a tenor de lo normado en el artículo 3 de la ley 5134.

Ahora bien, distinto sería el caso del recurso previsto en el segundo párrafo del artículo 456 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, que no sufrió variación alguna. Aquél establece que “La sentencia es apelable cuando el monto reclamado en el juicio de ejecución fiscal sea superior al que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura”.

En la versión original, no existían dudas respecto a que el monto al que hacían referencia ambos artículos era el que periódicamente fijaba el Consejo de la Magistratura de la CABA, pues así lo establecían específicamente. Mas la modificación normativa ha generado la duda respecto a si, a partir de la entrada en vigencia de la ley n° 5931, la suma a la que alude el artículo 456 se encuentra atada a la del 219 precitado.

Desde una primera interpretación literal, cabría concluir que ha existido una intención de diferenciar los procesos ordinarios de conocimiento de las ejecuciones fiscales, fijándose un monto distinto a partir del cual es procedente el recurso de apelación, por aplicación de la máxima que estipula que no cabe presumirse la imprevisión del legislador [6].

No obstante ello, en el proyecto de Ley presentado por Daniel Presti se indica que “[l]a mencionada modificación propuesta tiene por finalidad dar razonabilidad a los juicios que llegan al Máximo Tribunal de la Ciudad”. Si bien resulta harto dificultoso establecer a qué razonabilidad se alude en el despacho citado, puede mínimamente inferirse que el objeto de la modificación tuvo como norte que el Máximo Tribunal de la Ciudad entienda en causas en las que se debata un quantum económico que amerite su intervención.

Si se parte, entonces, de esta afirmación, resulta cuanto menos cuestionable que el valor debatido que permite acceder a la doble instancia y, ulteriormente, al Tribunal Superior, sea menor en los juicios ejecutivos que en los procesos ordinarios.

En este orden de ideas, ambas interpretaciones se vislumbran como válidas y plausibles, lo que dificulta la uniforme aplicación del derecho y, en última instancia, atenta contra el servicio de justicia.

Conclusión

Es esperable que la jurisprudencia que vaya emanando de las tres Salas de la Cámara de Apelaciones del fuero, o incluso del propio Tribunal Cimero local, eche luz sobre la cuestión en pugna.

Más allá de eso, es factible que la incógnita, en caso de existir alguna, pueda verse superada mediante el dictado de una resolución por parte del Consejo de la Magistratura que establezca que la suma a la que alude el artículo 456 del CCAyT corresponde a las diez mil (10.000) unidades fijas previstas en el art. 219 del mismo ordenamiento. Ello, siempre y cuando sea ésa la finalidad que quiera darse al juego armónico de ambas normas.

 

[1] CSJN; Fallos 310:1162; 311:274; 312:195; 318:1711; 323:1787, entre otros.

[2] CSJN, in re “Giroldi”, sentencia del 07/04/1995.

[3]Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.

[4] Corte IDH, Opinión Consultiva n° 11/90 “Excepciones al agotamiento de los recursos internos”.

[5] Corte IDH; caso “Baena Ricardo y otros (270 trabajadores) vs. Panamá”, sentencia del 02/02/2001; y en similar sentido, caso “Ivcher Bronstein vs. Perú”, sentencia del 06/02/2001.

[6] CSJN, in re “Monges, Analía M. contra Universidad de Buenos Aires”, sentencia del 26/12/1996.

Datos Personales: Fecha de Nacimiento: 03 de mayo de 1983 Estudios: Posgrado: Carrera de Especialización en Derecho Procesal – Universidad del Salvador – 2017 – en curso Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires. Incompleto. Universitarios: 2002 / 2009 –Abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, habiendo finalizado la Orientación Tributaria. Secundarios: 1996 / 2000 - Perito Mercantil en el Instituto Don Bosco de Ramos Mejía. Otros Conocimientos: Inglés: First Certificate aprobado (Diciembre 2000). Muy buen nivel escrito y oral. Facilidad para comunicarme con personas extranjeras. Computación: Buen manejo de Office, Windows e Internet. Buen manejo de sistema IURIX – JUSCABA. Conocimientos de Lex Doctor. Cursos y seminarios: • Derechos Fundamentales y Globalización – Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, España – Julio 2017. • Programa de Perfeccionamiento en el Ejercicio Profesional de Procesal Civil – Centro de Graduados de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires – Agosto 2010 – Diciembre 2010. • Curso de mediación para abogados – Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires – Agosto de 2008. • I Jornadas de Tributación Provincial y Municipal – Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires - 8 de mayo de 2008 Experiencia Laboral: • Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Marzo 2016 – actualidad – Prosecretario Coadyuvante Noviembre 2014 – Marzo 2016 – Prosecretario Administrativo • Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Febrero 2014 – Noviembre 2014 – Secretario Privado • Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Febrero 2013 – Febrero 2014 - Secretario • Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Noviembre 2012 – Febrero 2013 - Secretario Octubre 2011 – Noviembre 2012 – Prosecretario Coadyuvante Febrero 2011 – Octubre 2011 - Prosecretario Administrativo. Diciembre 2009 - Febrero 2011 – Secretario Privado. Agosto 2009 - Diciembre 2009 - Auxiliar Administrativo. • Estudio Atilano Fernandez (Propiedad Industrial) - Agosto 2007 - Julio 2009. Miembro del departamento Legal. Encargado de departamento de Patentes, Modelos y Diseños Industriales. Liquidación de impuestos (I.V.A., ISIB, Monotributo). • Kempinski Hotel Park Central (4 estrellas) - Buenos Aires - Julio 2005 - Septiembre 2006. Front Desk Clerk. • Kempinski Hotel Park Plaza (4 estrellas) – Buenos Aires - Noviembre 2004 - Julio 2005. Bell Boy – Valet Parking. Referencias: - Dra. Andrea Danas (adanas@jusbaires.gov.ar) - Dr. Damián Natalio Ariel Corti (dcorti@jusbaires.gov.ar) - Dr. Gerardo Román Battiato (gbattiato@jusbaires.gov.ar)