La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial cuestionó con dureza a los medios porteños que fijan su agenda “judicial” tomando en cuenta únicamente lo que pasa en la Justicia Federal, y en particular en los tribunales de Comodoro Py.
La organización de funcionarios judiciales provinciales -y de la que forman parte representantes de La Pampa- decidió despegarse formalmente del desprestigio que tiene ese sector del Poder Judicial argentino, más aún después de ventilada la causa del espionaje ilegal, en que agentes de la exSIDE aparecen confabulados con representantes mediáticos y funcionarios judiciales, además del poder político.
El documento rubricado intenta recordar que los llamados “medios nacionales” en realidad “son empresas periodísticas con sedes, sesgos y agendas metropolitanos, se resisten a incorporar la heterogeneidad y la complejidad del servicio de justicia”.
La queja es que “los permanentes esfuerzos de la FAM para que no se hable de ‘la justicia’ cuando la agenda de temas está limitada a lo que sucede en la sede de la calle Comodoro Py, no ha logrado torcer la vocación por ignorar la realidad del 90% de las causas que se tramitan en el país, de sus operadores y sus usuarios”.
Las provincias
En un documento bajo el título “Sistemas Judiciales, confianza social e independencia judicial”, la FAM admite que “los sistemas judiciales de la República Argentina se encuentran bajo la mirada crítica de distintos sectores de la sociedad”.
El documento advierte “la necesidad de destacar que el servicio de justicia es principalmente desarrollado por los poderes judiciales de las provincias y la ciudad de Buenos Aires”.
En tono crítico, señala que “llos medios de comunicación llamados nacionales se refieren a la justicia federal como la justicia y es casi el único fuero que consideran para efectuar sus análisis y apreciaciones acerca del estado del sistema de justicia en nuestro país”.
“Es la actividad diaria de los servicios de justicia provinciales la que sostiene principalmente la convivencia social democrática”, afirma la FAM y dice que sostiene “un esfuerzo sistemático por corregir esa mirada, metropolitana y sesgada, que desconoce que el 90% de las causas iniciadas en el país son resueltas por las justicias provinciales, y que eso queda opacado por el 10% del orden federal”.
La “independencia”
El documento afirma también que “la independencia judicial, concebida como garantía de la ciudadanía y del sistema democrático, es un valor que corresponde resguardar prioritariamente con acciones institucionales desde los tres poderes del Estado a fin de preservar la no interferencia en los procesos judiciales, de los otros poderes, de sectores políticos o demás agentes económicos y sociales”.
“Tales resguardos institucionales se tornan imperiosos en causas que tienen como contenido la dilucidación de responsabilidades penales por hechos de inseguridad como así también en causas de corrupción o de contenido institucional, que generan alta sensibilidad social”, añade el documento.
La organización interpreta que “es necesario profundizar la división de poderes y evitar la injerencia del poder político sobre el poder judicial. Desde FAM se insiste en que la autarquía presupuestaria y la autonomía financiera son condiciones ineludibles para garantizar la independencia judicial”.
Selección de funcionarios
La FAM también plantea que “corresponde profundizar la institucionalidad en los sistemas de selección de jueces y funcionarios otorgando prevalencia a la especialidad, experiencia en la función, capacitación y formación, eliminando los factores de incidencia política partidaria”.
Considera que “resulta prioritario trabajar y profundizar de modo sostenido en la construcción de un diálogo público de calidad respecto del sistema de justicia y para ello se trabajará con los demás agentes estatales en la construcción de canales más amplios de comunicación con la sociedad, y en particular con el periodismo, por el que circulen mensajes claros y precisos respecto de lo que es legítimo esperar como resultados de la actividad judicial”.
