Las Comisiones Directivas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la CABA (MAFUCABA), y del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la CABA (COLEGIO), en forma conjunta, expresan su profunda preocupación por las iniciativas que se hicieran públicas en días pasados, tendientes a atribuir competencia a fiscales ordinarios para actuar en los recursos procesales vigentes ante el Tribunal Superior de Justicia, lo que resulta inconstitucional y una clara nueva afrenta a la autonomía judicial de los porteños.
El Estado Nacional, so pretexto de infundadas aparentes dificultades en el funcionamiento de los organismos de la Procuración General, no puede inmiscuirse ni alterar la organización judicial, las competencias constitucionales y los procesos legales que son propios de la Ciudad y, con ello, de sus habitantes. Tanto la Procuración General de la Nación como la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueven la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, pero mientras que el primero lo hace en el fuero federal y en el mal llamado Nacional en las causas ordinarias; en el ámbito del máximo tribunal judicial local (TSJ), ese rol le cabe al Ministerio Público porteño (ley 402), por lo que ningún interés general de la sociedad queda huérfano de tutela. En este sentido, la práctica misma confirma que no existe ningún vacío de normas, ya que tanto los integrantes del Ministerio Público de la Defensa que actúan ante la Justicia Ordinaria como los particulares, recurren al TSJ y sus jueces deciden, en cada caso, sobre la admisibilidad de los recursos. Lo extraño no es que el Fiscal General porteño y sus adjuntos dictaminen ante el Tribunal Superior de su propia jurisdicción, lo anómalo es que, a más de treinta años de la reforma constitucional de 1994, la justicia ordinaria de la Ciudad continúe a cargo de magistradas y magistrados que pertenecen al Poder Judicial de la Nación.
En este orden de ideas, consideramos que la propuesta constituiría un retroceso en los avances que se han venido concretando a partir de la acertada decisión del Poder Ejecutivo Nacional de impulsar el traspaso de la justicia laboral, como así también con la reciente firma de un nuevo convenio de transferencia de delitos a la órbita judicial porteña.
Firman:
Lisandro Fastman, Presidente Colegio de Magistrados CABA
Alejandro Villanueva, Secretario General Colegio de Magistrados CABA
Pablo Mántaras, Presidente MAFUCABA
Cristian Longobardi, Secretario General MAFUCABA
