Fecha de publicación: 04/09/2023Sección: Comunicados, NoticiasTiempo de lectura: 1,8 minutos

La Asociación Argentina de Fiscales, el Colegio de @magistradoscaba y la Asociación de Magistrados, Funcionarios del Poder Judicial de la CABA (@mafucaba) quieren expresar su más enérgico repudio en relación a las manifestaciones agraviantes y las amenazas dirigidas hacia la Sra. Fiscal Celsa Ramírez del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculadas a su desempeño profesional en el marco de investigaciones de diversos individuos que pudieran tener alguna relación con el Club Boca Juniors.

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan a cada uno de quienes llevaron adelante esos hechos, resulta oportuno destacar que la labor de los Magistrados, en relación a la intervención en cada uno de los casos que son sometidos a su conocimiento, tiene como origen y principio rector el respeto irrestricto en el cumplimiento de la ley y en el sistema procesal penal que asegura a cada justiciable el respeto máximo de sus derechos y garantías constitucionales. 

En ese contexto, debe entenderse que declaraciones mediáticas por parte de personalidades públicas, que pretenden subjetivar y personalizar la actuación de la Sra. Fiscal, no aportan nada en el trámite de un proceso judicial. Por el contrario, estas desacertadas manifestaciones constituyen una crítica no razonada del contenido de las resoluciones y/o sentencias de quienes, en definitiva, tienen el deber de intervenir, acusar y juzgar conforme las constancias de las causas que son sometidas a su conocimiento, las evidencias aportadas en función de lo alegado y el derecho aplicable al caso concreto.

En el mismo sentido, debe quedar claro que la función que desarrolla un o una fiscal es ejercida en un todo de conformidad con los parámetros que establece la ley 1903 la cual determina que su función esencial consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, como así también, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.

 

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